Advierten sobre saturación de las prisiones

Legisladores de la Cámara de Diputados, así como la organización #Justicia Sin Pretextos, advirtieron sobre la presurización de las cárceles al realizar modificaciones al artículo 19 de la Constitución que ordena la prisión preventiva oficiosa en tres figuras delictivas, entre ellas, el robo de combustible y delitos electorales.

En conferencia de prensa, diputadas de diferentes fracciones e integrantes de la sociedad civil representados por #Justicia Sin Pretextos, convergieron en señalar que sólo las personas que no tengan para pagar a un abogado para evadir y burlar la ley, estarán en la cárcel.

Tomando como ejemplo la coyuntura del robo de combustible en diversas partes del país, se está justificando la criminalización de los autores materiales, pero no se habla de la responsabilidad de los servidores públicos han sido los artífices de este crimen que alcanza diversos sectores de la sociedad.

Detallaron que este delito comienza con directivos de diversas instituciones, delincuencia organizada, corporaciones policíacas, y población civil que se adaptó a la circunstancias e hizo de éste delito una forma de sobrevivir y tener trabajo.

“Se está aprovechando este momento del combate al robo de combustible para pretender impulsar esta reforma”.

“Voy a poner un ejemplo, ayer se trasmitieron en las redes como un grupo de personas pobladores de Acambay, iban a buscar combustible que estaba saliendo de un ducto, bueno, pues la prisión preventiva oficiosa por robo de combustible permitirá que se capture a esos pobladores que están yendo a sacar el combustible que está saliendo de ahí, pero no realmente a los verdaderos huachicoleros”, dijo la diputada de Movimiento Ciudadano, Martha Angélica Tagle Martínez.

Por su parte, la diputada de Movimiento de Regeneración Nacional, Lorena Villavicencio consideró innecesarias las reformas a la Constitución para agravar los delitos electorales, robo de combustible, y otras figuras de la corrupción como el cohecho.

Y es que si se desea sancionar a los criminales de cuello blanco, y no sólo por delitos que no ameritan prisión preventiva, como el desvío de recursos, fraude, entre otros, pues que se les aplique la delincuencia organizada, para agravar su conducta, y no necesariamente modificar la Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales.

“Existe la Ley de Delincuencia Organizada donde perfectamente se puede cuadrar el delito de robo de hidrocarburos o huachicol, ellos (la autoridad ministerial) bien podrían aplicar la prisión preventiva de oficio—es una valoración que hace el juez—es un delito tan grave que deberían ya estar sobre la persecución y girar las ordenes de aprehensión contra las personas que están claramente robando el combustible”.

Por su parte, la experta en la aplicación del Sistema Penal Acusatorio, María Novoa, explicó que al agravar delitos nuevamente saturará las cárceles, pues solamente aquellas personas que no lleven una defensa adecuada, y puedan defenderse a través del propio sistema, estarán en la cárcel, y como sucedió anteriormente serán las personas de escasos recursos.

Por ello, no es viable hacer las modificaciones a las leyes porque “son pasos atrás” a un proceso que ha tardado 10 años en consolidarse, lo cual ha costado muchos recursos humanos y económicos.

“Aunque haya dificultades pensamos en que hay que seguir insistiendo en el fortalecimientos de las instituciones de seguridad y justicia, más que echar hacia atrás principios esenciales de garantías de derechos humanos del debido proceso y de la presunción de inocencia que serían los principios que están en este momento en alto riesgo si se da está reforma del artículo 19 constitucional”, dijo.