Va Frente contra ley de seguridad

 

El 15 de enero, listo el recurso de inconstitucionalidad: González Neri


Diputados de la coalición Por México al Frente presentarán a más tardar el 15 de enero la acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior.

El coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri, afirmó que el fundamento jurídico para controvertir la norma se trabaja con expertos de San Lázaro.

Martínez Neri, señaló que el documento estará listo en un par de días, a fin de que el resto de legisladores de oposición den su visto bueno y lo firmen para interponerlo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Una vez que se dé a conocer el documento, explicó, los coordinadores del PAN, PRD y MC comenzarán a recolectar firmas en contra el ordenamiento.

Afirmó que la bancada de Acción Nacional, que encabeza Marko Cortés, respaldará el recurso, excepto los 10 diputados que votaron a favor de la normatividad.

Recordó que los diputados tienen hasta el 20 de enero para presentar dicha acción, la cual debe contar con el apoyo del 33 por ciento de los integrantes de la Cámara de Diputados.

El diputado por el sol azteca prevé que sea a más tardar el 15 de enero cuando se presente la acción de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal del país, aunque aún desconoce si el Frente impugnará toda la ley o sólo algunos artículos.

La acción de inconstitucionalidad requiere al menos 165 firmas de los diputados federales, quienes tienen 30 días luego de la publicación del ordenamiento, es decir disponen hasta el 20 de enero para presentar el recurso.

Senadores al ataque

Luis Sánchez Jiménez, coordinador perredista en el Senado, declaró que buscarán el apoyo de senadores del PAN y del Partido del Trabajo, que votaron contra esa ley, a fin de reunir las 43 firmas necesarias para interponer la acción de inconstitucionalidad ante la Corte.

“Logremos un tercio de los votos para poder llevar a cabo una acción por nuestra parte. El problema es ¿dónde andan los senadores y senadoras?, para poder recabar las firmas. Lo vamos a intentar. Un poco difícil, pero vamos a intentarlo. No va a quedar por nuestro lado”, expresó el legislador mexiquense.

Reconoció que ve complicado reunir las firmas antes del 22 de enero, cuando vence el plazo; por lo que hay un plan “B” en la bancada: acompañar las acciones de inconstitucionalidad que se promuevan contra la Ley de Seguridad Interior, a través del recurso denominado “Amigos de la Corte”.

En diciembre pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) anunció que promoverá acciones conducentes para prevenir que se violenten y vulneren los derechos humanos de la población, pues consideró que los problemas de seguridad y justicia que nuestro país enfrenta deben ser abordados bajo un esquema amplio, conjunto e integral.

Tiempo de la Corte

Al respecto, Miguel Barbosa Huerta, vicecoordinador del Partido del Trabajo en el Senado, afirmó que es el tiempo de que la SCJN, encargada de salvaguardar la constitucionalidad de la Carta Magna, emita con sensatez su resolución con respecto a la Ley de Seguridad Interior.

Recordó que, luego de la publicación de esta ley, la CNDH declaró que presentará una acción de inconstitucionalidad, “si esto ocurre, será el momento en que la Corte tendrá la última palabra”.

Consideró que la afirmación del Presidente de la República en el sentido que esperará la resolución del máximo tribunal del país para aplicar esta ley.

“Más parece un desafío que un acto de responsabilidad; mal hace el Presidente al rivalizar con la sociedad y mal haría la Corte al someterse a los intereses del Poder Ejecutivo”.

Indicó que el Gobierno Federal se distanció de la realidad y de los mexicanos. “Desafía y rivaliza con la opinión pública nacional y extranjera; parece que nos reta, que reta a la razón y al sentido común”, manifestó.

Barbosa sostuvo que esto, dicho desde la Presidencia de la República con todo el poder y recursos que concentra y su capacidad de influencia en la vida pública, se percibe como una nueva simulación.

Pareciera que todos los argumentos –reiteradamente expuestos por representantes de organismos nacionales e internacionales, defensoras de estos derechos y académicos–, están escritos en un idioma que no entiende.