Amaga Corte con juicio a legisladores

José Ramón Cossío responde a las declaraciones de AMLO
 

Habrá proceso por no aprobar Ley de Comunicación


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emplazó al Senado a aprobar sin cálculos políticos la Ley General de Comunicación Social o los 628 legisladores del Congreso de la Unión serán inhabilitados y sometidos a proceso penal –de inmediato– por la comisión de un delito contra la administración de justicia.

Entrevistado en el Senado de la República, el ministro José Ramón Cossío Díaz confió que estando el país en una situación tan compleja por las elecciones, la inseguridad y las relaciones internacionales los senadores tendrán la sensatez de sacar una ley tan importante, que tiene un mandato expreso de la Constitución y de la Corte.

“Sí, estamos haciendo cálculos políticos –insisto– vamos a agravar más las cosas, están tensas; por una elección presidencial los ánimos están caldeados. Los exhortaría a que aprueben esa y otras muchas leyes. Tenemos pendientes también las modificaciones a la legislación laboral y las reformas al Código Federal de Procedimientos Civiles y Familiares. Sí me parece muy importante que se vayan cumpliendo los plazos que el propio Congreso se puso de origen, nadie los forzó a ponerse esos plazos”.

El ministro Cossío Díaz explicó que en el supuesto de que el Senado incumpla la aprobación de esta legislación, procedería la destitución inmediata de los 500 diputados y 128 senadores.

“Yo, no por asustar a nadie, pero -digo- a los 628 legisladores federales: la condición sería que en caso de que la Corte considerara que se ha incumplido tendría que separar a los legisladores, inhabilitarlos y someterlos a proceso penal por la comisión de un delito contra la administración de justicia”.

Ernesto Cordero, presidente del Senado, confió que en las comisiones dictaminadoras se construya la necesaria mayoría para aprobar esta ley y después se someta al pleno para su eventual ratificación.

La semana pasada, la Cámara de Diputados avaló esta normatividad que busca regular el gasto en publicidad del Gobierno Federal.