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Ampliar prisión preventiva divide a expertos y transportistas afectados

STAFF CAPITAL Foto Capital Media
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07 de Febrero 2019
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México, 7 Feb (Notimex).- El debate sobre aumentar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa dividió posturas entre expertos en materia constitucional y defensores de derechos humanos y representantes de las cámaras de transportistas de carga y pasajeros.

Este jueves continuaron las audiencias públicas con la mesa “Seguridad, justicia y prisión preventiva oficiosa” en la Cámara de Diputados.

Los expertos constitucionales se pronunciaron en contra de la prisión preventiva y a juicio de activistas no resolverá la inseguridad y llevaría a pobres e inocentes a la cárcel; en cambio los transportistas simpatizaron con ampliar el catálogo e incluir el robo de autos, transporte de carga y de pasajeros.

Jan Jarab, representante en México de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, opinó que se está en un nuevo rumbo que considera muy positivo por su enfoque social, humanista y garantista, pero por otro lado las propuestas de cambios constitucionales reflejan una filosofía opuesta de mano dura.

Comentó que desde la perspectiva de los estándares internacionales la prisión preventiva oficiosa como tal es una violación a los derechos humanos, por ello “este honorable Congreso, desde nuestra perspectiva, debería estar dando pasos decididos en dirección opuesta. Y más que discutir su eventual extensión debería estar planteando la eliminación” de la medida, expresó.

Aclaró que no se propone derogar la prisión preventiva justificada como tal, ni dejar a todas las personas imputadas libres. “Lo que se está discutiendo es la prisión preventiva oficiosa, entonces, automática, obligatoria, aquella que supone una privación de algunas de las garantías procesales básicas”.

Apuntó que la prisión preventiva oficiosa aumenta el riesgo de tortura y no abona a superar la impunidad. “El denominador común de la impunidad de los verdaderos perpetradores y del encarcelamiento injusto de los inocentes es la mala investigación. Y la prisión preventiva oficiosa no abona a que la investigación mejore, todo lo contrario”.

En tanto, el magistrado Pablo Héctor González Villalobos, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua, dijo que legislar para incorporar a la Constitución más supuestos de prisión preventiva oficiosa es divorciar a la ley del derecho.

Marycarmen Color Vargas, investigadora de la Comisión Mexicana y Promoción de los Derechos Humanos, sostuvo que la prisión preventiva es ilegal y arbitraria. “La prisión preventiva no debe ser una regla general, es una excepción. Es decir, no debe ser oficiosa. Debe ser una determinación individualizada, hecha por un tribunal independiente”, consideró.

José Antonio Caballero Juárez, profesor e investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas, aseguró que el problema no es la prisión preventiva, sino la indolencia, negligencia y la corrupción del sistema.

Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), apoyo incrementar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Estimó de gran relevancia que en este proceso se tome en consideración el robo de vehículos y de transporte en cualquiera de sus modalidades, debido a que por su efecto multiplicador para otros delitos se torna en uno de los de mayor agravio para el país; es precursor de otros delitos graves como homicidio, en donde se ha identificado un comportamiento paralelo.

 

Arturo Mendicuti Narro, vicepresidente de Seguridad de Concanaco-Servytur, demandó que en el nuevo dictamen se incluya sin obviar los contenidos en la minuta del Senado, robo a casa habitación, robo a negocio y extorsión.

“Amplias regiones se han visto asoladas por la delincuencia que se empodera mediante el temor y la intimidación. No permitan que continúe el cierre de negocios, el abandono de casas y poblaciones por la falta de garantías, demos al sistema mayores herramientas para detener la ola de crímenes, cuando aún es posible”, sentenció.

José Refugio Muñoz López, vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar), se pronunció en favor de que el delito de robo a autotransporte sea considerado grave y se imponga a quien lo cometa la prisión preventiva oficiosa.

Alertó que en autotransporte de carga en los últimos ocho años se incrementó el robo en 146 por ciento, con un agravante. En el mismo periodo el robo con violencia creció en 171 por ciento. Sólo en 2018 el 85 por ciento de los robos que se cometieron contra sus camiones fue con violencia.

“Esta grave situación, que en primera instancia afecta a los más de 145 mil permisionarios registrados en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, termina afectando a la economía en su conjunto y sus efectos se trasladan a toda la cadena de producción, distribución y consumo”, advirtió.

Luis Eluid Tapia Olivares, del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, opinó que si se aprueba una ampliación del catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa no mejorará la seguridad, no se combatirá la impunidad y provocaría que personas pobres e inocentes vayan a la cárcel.

A su juicio, la prisión preventiva debe ser la excepción y no la regla, “es perverso lo que se está haciendo porque estamos revirtiendo una reforma penal y una reforma de derechos humanos que lo único que va a hacer es llenar las cárceles de personas pobres e inocentes. No se va a reducir la criminalidad”.

 

NTX/GIR-JDB/MMH

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