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Aprueban ley en favor del Ejército

 

Divide aprobación de Ley de Seguridad Interior al Frente por México


Con el voto dividido de los grupos parlamentarios del PAN y del PRD, la Cámara de Diputados aprobó vía fast track, la minuta que expide la Ley de Seguridad Interior, a través de la cual se regula la actuación de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad.

Tras dispensar todos los trámites legislativos y un prolongado debate donde se dijeron de todo, se emitieron 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones de legisladores del PAN entre ellos de su coordinador Marko Cortés; su vocero, Jorge López, y el presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Jorge Ramos, entre otros.

Sin embargo, 14 panistas votaron a favor de la ley, entre ellos Claudia Sánchez y del PRD dos, entre ellos Waldo Fernández.

El documento de 118 cuartillas, que se envió al Senado, establece el procedimiento, el espacio y periodo para la intervención de las Fuerzas Armadas que será por un año, pero podrá prorrogarse por decisión del Ejecutivo Federal en caso de que persistan condiciones que pongan en riesgo la seguridad interior.

Precisa que el Presidente de la República podrá ordenar por si o a petición de las legislaturas o ejecutivos locales la intervención de la Federación para la puesta en marcha de acciones de seguridad interior en el territorio de una entidad federativa o zona geográfica del país, previa emisión de una declaratoria de protección de seguridad interior.

Resalta que las autoridades federales incluyendo a las Fuerzas Armadas, en el ámbito de sus respectivas competencias, llevarán a cabo –sin necesidad de declaratoria de protección a la seguridad interior– políticas, programas y acciones para identificar, prevenir y atender oportunamente, según su naturaleza los riesgos contemplados en la Agenda Nacional de Riesgos.

Entre las amenazas a la seguridad interior se encuentran las que afecten la estabilidad de las instituciones y que dañen gravemente a la población; las emergencias o desastres naturales; las epidemias y demás contingencias que afecten la salubridad general o que dañen los deberes de colaboración de las entidades y municipios en materia de seguridad.

También destaca que las movilizaciones de protesta social o las que tengan un motivo político electoral que se realicen pacíficamente, bajo ninguna circunstancia serán consideradas como amenazas a la seguridad interior.

Descartan militarización Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la priista Mercedes Guillén, destacó que esta propuesta no conlleva la militarización del país, ni limita los derechos humanos, ni de las garantías individuales como lo asegura la oposición.

“Esta Ley de Seguridad Interior no militariza al país, ya que no limita ni mucho menos tolera la violación de los derechos humanos y sus garantías. Por el contrario, las autoridades que colaboren en el mantenimiento de la paz y el orden público al interior deberán en todo momento y sin excepción respetar de manera irrestricta los derechos humanos, de acuerdo al artículo 7 de la ley, sin que la misma pueda ser utilizada para la represión social”.

Al inicio de la discusión las bancadas del PRD, Movimiento ciudadano y Morena presentaron tres mociones suspensivas que fueron desechadas.

Durante el debate, los legisladores de oposición, que sacaron mantas en contra de esta legislación, hicieron a sus correligionarios un llamado a recapacitar debido a que esta ley constituye un grave riesgo para el país.

Trabajo sobre las rodillas El panista Jorge Triana manifestó que la Cámara de Diputados carece de facultades para legislar en materia de seguridad interior, por lo que se puede impugnar y que esta reforma termine en la Suprema Corte, luego de que acusó a los priistas de hacer un trabajo sobre las rodillas.

David Gerson García, del PRD, denunció que con esta ley elGobierno Federal busca militar las calles para garantizar su permanencia en el poder.

Indicó que esta ley es inconstitucional, porque no contempla mecanismos efectivos de las acciones.

La priista Martha Tamayo defendió la norma. “Nosotros respetamos mucho al organismo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero pedimos a su titular que lea con detenimiento los artículos 2, 7 y 30 que expresamente proscriben la alteración a los derechos humanos”.

Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, a su vez, acusó a la Cámara de no hacer nada para poner en marcha soluciones duraderas que enfrenten a la inseguridad.

“Nada está haciendo para acabar con el ciclo de violaciones a los derechos humanos, nada está haciendo para implementar soluciones duraderas que enfrenten la crisis de inseguridad y de violencia”.

Descartan militarización

Al fundamentar el dictamen, la presidenta de la Comisión de Gobernación, la priista Mercedes Guillén, destacó que esta propuesta no conlleva la militarización del país, ni limita los derechos humanos, ni de las garantías individuales como lo asegura la oposición.

“Esta Ley de Seguridad Interior no militariza al país, ya que no limita ni mucho menos tolera la violación de los derechos humanos y sus garantías. Por el contrario, las autoridades que colaboren en el mantenimiento de la paz y el orden público al interior deberán en todo momento y sin excepción respetar de manera irrestricta los derechos humanos, de acuerdo con el artículo 7 de la ley, sin que la misma pueda ser utilizada para la represión social”.

Al inicio de la discusión las bancadas del PRD, Movimiento Ciudadano y Morena presentaron tres mociones suspensivas que fueron desechadas.

Los legisladores de oposición, que sacaron mantas en contra de esta legislación, hicieron a sus correligionarios un llamado a recapacitar debido a que esta ley constituye un grave riesgo para el país.

Inconstitucional

El panista Jorge Triana manifestó que la Cámara de Diputados carece de facultades para legislar en materia de seguridad interior, por lo que se puede impugnar y que esta reforma termine en la Suprema Corte, luego de que acusó a los priistas de hacer un trabajo sobre las rodillas.

David Gerson García, del PRD, denunció que con esta ley el Gobierno busca militar las calles para garantizar su permanencia en el poder. Indicó que esta ley es inconstitucional, porque no contempla mecanismos efectivos de las acciones.

La priista Martha Tamayo defendió la norma. “Nosotros respetamos mucho al organismo de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, pero pedimos a su titular que lea con detenimiento los artículos 2, 7 y 30 que expresamente proscriben la alteración a los derechos humanos”.

Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, a su vez, acusó a la Cámara de no hacer nada para poner en marcha soluciones duraderas que enfrenten a la inseguridad.

“Nada está haciendo para implementar soluciones duraderas que enfrenten la inseguridad”, dijo.