Con 16 votos a favor y nueve en contra, la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados emitió su opinión en sentido positivo a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona el artículo 28 de la Constitución Política, promovida por el Ejecutivo Federal, en materia de transporte ferroviario de pasajeros.
El documento señala que el Estado mexicano es el responsable de garantizar la movilidad en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, calidad, inclusión e igualdad.
Se señala que la privatización de los ferrocarriles de 1995 no mejoró la infraestructura ni el servicio, y generó deficiencias y falta de competencia efectiva.
Por ello, se considera pertinente priorizar el transporte de pasajeros sin discriminar al de carga, diversificar y fortalecer la movilidad en regiones con pocas alternativas de transporte. Asimismo, atender las preocupaciones expresadas en el Parlamento Abierto en el sentido de elaborar estudios detallados caso por caso, para garantizar la viabilidad y seguridad del servicio de pasajeros en las rutas ferroviarias específicas.
Reginaldo Sandoval, presidente de la comisión, al explicar los beneficios de la iniciativa, dijo que se garantizará el derecho a la movilidad a través del servicio ferroviario con un menor impacto ambiental que el transporte aéreo o carretero, así como el impulso de la actividad económica, la conectividad y la reducción de los tiempos de trayecto.
“Ayudará a descongestionar carreteras y vías internas, incentivará la creación de infraestructura que reactive la economía en zonas geográficas”, afirmó.
Sin embargo, el diputado del PAN cuestionó la iniciativa del Ejecutivo Federal la cual, agregó, tiene muchos problemas.
“El querer dar preferencia al transporte de pasajeros en la Constitución va en contrasentido de lo que viene sucediendo, porque en ningún país del mundo es negocio, excepto donde hay un gran movimiento de personas”, aseguró.
Indicó que en los últimos años se han invertido 280 mil millones de pesos para adecuar y fortalecer al transporte ferroviario, pero esto no lo ha hecho el gobierno, por lo que actualmente el 26 por ciento de la carga nacional se realiza por vía férrea y da empleo a 15 mil trabajadores de forma directa.
Otro panista, Exequiel Suárez Heredia Cristian mostró su desacuerdo al señalar que el proyecto viola el Estado de derecho y representa incertidumbre jurídica para los concesionarios, toda vez que éstos realizaron inversiones para la construcción, operación y explotación de las vías ferroviarias.
“¿Cómo garantizará el Estado la certeza de tiempo que le queda a la concesión si ya quedó establecido que se priorizará al de pasajeros? Es una reforma constitucional innecesaria, imprecisa y que provoca lagunas jurídicas”, sostuvo.
La priista Sue Ellen Bernal Bolnik expresó que es necesaria una mayor movilidad, pero a pesar del cambio que se busca con la propuesta, no se aborda la profundidad técnica ni estratégica necesaria para que se pueda lograr.
“Hemos detectado que esta iniciativa demuestra una falta de planeación detallada y anticipada, como generalmente son las propuestas del Ejecutivo. Se quiere llevar modificaciones que ya están contempladas en el marco actual”, subrayó.
AGM
