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Busca senador eliminar estatus legal de la caza deportiva

caza deportiva Foto: Internet
caza deportiva Foto: Internet 

El proyecto fue turnado a las comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis de dictamen correspondiente.


El senador Noé Castañón advirtió que la crueldad mostrada por las personas que consideran la cacería como una disciplina deportiva, es una señal de alarma para la construcción de una sociedad sana.

Incluso, conduce a una peligrosa insensibilización respecto al sufrimiento de terceros y, de acuerdo con investigaciones en psicología y criminología, las personas que maltratan animales tienen cinco veces más probabilidades de cometer agresiones contra los humanos.

Por ello, el legislador de Movimiento Ciudadano impulsa una iniciativa para reformar la Ley General de Vida Silvestre a fin de derogar el estatus legal de la caza deportiva y poner fin a toda actividad que atente contra la vida de los animales o que incite a conductas violentas.

Tras considerar que este tipo de violencia debe ser considerada como “un problema de salud pública”, refirió que en México la caza deportiva está regulada, se desarrolla en áreas protegidas durante algunos meses del año, en los que se permite la caza de especies como el ciervo rojo, el alce, el ciervo de cola blanca o el antílope negro.

La cacería de deporte es considerada como un gran negocio en diversos lugares, pero 40 por ciento de los cazadores también matan y hieren a millones de animales en terrenos públicos cada año, denunció Noé Castañón.

Destacó que esta práctica representa el uno por ciento del total de la industria turística en nuestro país, crece 8.8 por ciento anual y tiene mayor auge en los programas de desarrollo turísticos en Sonora, Nuevo León y Tamaulipas, donde existen 12 mil 503 áreas autorizadas para dicho fin.

La mayoría de los organismos federales y estatales que gestionan refugios de vida silvestre, bosques nacionales, parques estatales y otros terrenos públicos, son financiados por las actividades de caza y pesca en una proporción, por lo que suelen alentar la actividad, en lugar de regularla o vigilarla.

El proyecto fue turnado a las comisiones unidas de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático, y de Estudios Legislativos, Segunda, para su análisis de dictamen correspondiente.