Buscan evitar rechazo del tribunal: exconsejero

 

La reforma electoral 2014 complicó procedimientos, de acuerdo con el académico


JULIO PÉREZ DE LEÓN

La flexibilización que hizo el Instituto Nacional Electoral (INE) en el procedimiento fiscalizador y la falta de responsabilidad de los partidos políticos al no entregar en tiempo y forma la documentación requerida, generó una falta de certeza en el órgano electoral que detonó en nueva ampliación del tiempo de entrega de los comprobantes de gastos de campaña en el caso de Coahuila.

Así lo consideró Javier Santiago Castillo, exconsejero electoral, quién explicó en entrevista para CAPITALMEDIA que la decisión del instituto electoral no trata de beneficiar a los partidos, sino que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) no “rechace su dictamen porque no dio a los actores políticos derecho de audiencia”.

El exconsejero considera que el problema que ahora enfrenta el INE se basa en la deficiencia de los procedimientos de fiscalización que se volvieron más complejos con la última modificación al marco electoral.

“La reforma electoral del 2014 complicó los procedimientos de fiscalización, al centralizarlos en un solo órgano, la cantidad de documentación rebasa en estas cuatro elecciones a las 16 que se registraron el año pasado”, sentenció el también académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).

Castillo aseguró que la problemática procedimental registrada en el proceso electoral 2016-2017 no debe repetirse en el 2018, cuando se desarrollarán 30 elecciones locales y las federales.

La valoración del académico se da en el contexto de la revisión fiscal de los comicios del pasado 4 de junio que llevó al proceso a tiempos extras, por lo que la elección de Coahuila podría definirse hasta el mes de agosto.

La decisión que tomó el pleno del Consejo General del INE fue bajar el tope de campaña de los punteros en la elección del próximo mandatario coahuilense, de 31 a 8 por ciento en el caso de Miguel Riquelme, aspirante de la coalición encabezada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), y de 26 a 5 pñor ciento en el caso de Guillermo Anaya, abanderado de alianza dirigida por el Partido Acción Nacional (PAN).

Sobre esto el académico prevé que el nuevo proceso de revisión y cotejo fiscal “tenderá a subir estos resultados y se consolidará el rebase de tope de campaña en ambos candidatos”.

Agregó que podría generarse un escenario en el que ambos contendientes “empaten” o cuya diferencia no sea significativa en el rebase de topes de campaña, “en ese caso el TEPJF podría determinar que no se anule la elección”.