Cae Eugenio Hernández en cárcel controlada por Zetas

El exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández Flores, preso en el Centro de Ejecución de Sanciones (Cedes) de Ciudad Victoria, permanecerá en un área reservada para personas que no están procesadas hasta el próximo jueves en que el juez segundo de lo penal defina su situación jurídica.

Juan Jorge Olvera Reyes, abogado del exmandatario, acusado de los presuntos delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita, dijo al término de la primera audiencia con el juez que se solicita la ampliación del término a efecto de aportar elementos de prueba para echar por tierra lo que aseguró “es una injusta acusación”.

La defensa de Hernández Flores solicitó medidas precautorias para la seguridad del exgobernador en virtud de que en la prisión donde se encuentra recientemente hubo motines y se señaló que hay un autogobierno el grupo criminal Los Zetas.

Hernández Flores fue detenido el viernes en un tramo de la carretera Rumbo Nuevo, que comunica a la capital de Tamaulipas con San Luis Potosí, con base en una orden de aprehensión girada por un juez de Control, luego de la Averiguación Previa Penal 14/2017 radicada en el Nuevo Sistema de Justicia Penal.

Está acusado por la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas, de los delitos de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita al apropiarse de las mil 600 hectáreas que actualmente tienen un valor de mil 584 millones de pesos.

Decomiso en Altamira

La Procuraduría General de Justicia y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en Tamaulipas aseguraron un terreno de mil 600 hectáreas, localizado en el Puerto Industrial de Altamira, que presuntamente se apropió ilegalmente el exgobernador.

En 2007, a través de Alberto Berlanga Bolado y la empresa GMC SA de CV, de Altamira, Hernández Flores compró un terreno de mil 600 hectáreas, localizadas en el Puerto Industrial de ese municipio, que pertenecen en realidad al estado.

La operación tuvo un valor de 16 millones de pesos. La información señala que las mil 600 hectáreas, tienen actualmente un valor real que asciende a mil 584 millones de pesos.

Establece que para la operación de compra-venta participaron las empresas; Materiales y Construcción Villa de Aguayo, propiedad de Fernando Cano

Martínez, presunto prestanombres de Tomás Yarrington, y GMC de Altamira, propiedad de Alberto Berlanga Bolado, ex secretario de Obras Públicas y Desarrollo Urbano en el gobierno de Hernández Flores.

En enero pasado, el exmandatario había promovido un amparo para evitar ser detenido, tras solicitar una carta de no antecedentes penales, que le había negado la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Tamaulipas; en agosto volvió a tramitar un nuevo amparo para evitar ser detenido.

Probable extradición

Desde mayo de 2015, la Corte Federal del sur de Texas, con sede en Corpus Christi, había entablado una demanda contra el exgobernador. En abril de este año, se presentó una más en la cual buscaba decomisarle bienes por 30 millones de dólares, que se presumía fue lo que le generaron sus actividades ilícitas y por ello se inició un proceso para incautarle cuatro propiedades en Estados Unidos.

El abogado dijo desconocer si la Procuraduría de Justicia de Tamaulipas haya recibido alguna solicitud de extradición de parte del gobierno del país vecino. Según versiones de medios de Texas, el Departamento de Justicia quiere la extradición del exmandatario así como la de su cuñado y coacusado, Óscar Manuel Gómez Guerra, por lo que el pasado 16 de agosto la fiscal Julie Hampton solicitó a la Corte copias certificadas de las nuevas órdenes de aprehensión.

Reiteró que en el curso de los próximos días aportará elementos de prueba a favor de su cliente, y por ahora no se tiene considerado solicitar un amparo ante las acusaciones de peculado y recursos de procedencia ilícita.

Eugenio Hernández sólo ha recibido a sus abogados y su familia no se ha hecho presente.

APUNTE

Caso Duarte Jáquez

La jueza de control, Sandra Zulema Palma, dictó prisión preventiva al exsecretario de Finanzas del Comité Directivo Estatal del PRI en Chihuahua, Pedro Mauli Romero Chávez, por el delito de peculado al presuntamente haber recibido de manera ilegal 63 millones 833 mil pesos del erario a través de la Secretaría de Hacienda de la entidad, a la cuenta 0166143970 del banco BBVA Bancomer.

Los desvíos de las nóminas de trabajadores del gobierno estatal ocurrieron entre junio de 2014 y diciembre de 2015, lapso en el que era presidenta del PRI la actual diputada local, Karina Velázquez Ramírez, de quien la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) solicitó un juicio de desafuero a la Cámara de Diputados.