CIDH emite sentencia en relación al caso del asesinato de María de los Ángeles Tamés en Edomex

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), notificó al gobierno de México sobre su sentencia en relación con el caso de Daniel García Rodríguez y Reyes Alpízar Ortíz; quienes fueron detenidos y a quienes las autoridades judiciales. Dictaron en su momento la medida cautelar de Prisión Preventiva Oficiosa por el presunto asesinato en 2001 de María de los Ángeles Tamés, regidora del municipio de Atizapán de Zaragoza, en el Estado de México,

García Rodríguez y Alpízar Ortíz, estuvieron presos bajo la figura de la Prisión Preventiva Oficiosa y durante 17 años no recibieron sentencia alguna. Fue en 2019 cuando ambos quedaron en arresto domiciliario con el uso de brazaletes electrónico;, sin embargo en 2022 fueron sentenciados a 35 años de prisión, sentencia que actualmente. Está en apelación.

El Tribunal Internacional, determinó que Daniel García Rodríguez, fue sometido a malos tratos y torturas psicológicas, por integrantes del Ministerio Público del Estado de México. Hechos que no fueron investigados a pesar de haber sido denunciados por la víctima.

Mientras que en el caso de Reyes Alpízar Ortíz, el Estado Mexicano no investigó las denuncias presentadas también por el delito de tortura.

En su sentencia la CIDH, consideró que el Estado Mexicano en su conjunto, es responsable por las violaciones a los derechos a la integridad y la libertad personal; a las garantías judiciales, la igualdad, a la igualdad, a la protección judicial, a ser oído, a la presunción de inocencia y al principio del plazo razonable.

En audiencia en línea desde su sede en Costa Rica, Ricardo Pérez, presidente de la CIDH, notifico al Estado mexicano dichas resoluciones; audiencia virtual en la que participaron representantes de las Secretarías de Gobernación (SEGOB), de Relaciones Exteriores (SRE), la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), y del Poder Judicial, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos.

La Corte, limitó el caso al marco fáctico establecido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe de fondo. Desestimando alegatos sobre una posible desviación de poder, en concordancia con la solicitud del Estado.

Así mismo, determinó medidas de satisfacción, rehabilitación e indemnización compensatoria en favor de las víctimas.

Por lo que el Estado mexicano deberá “Adecuar” su marco normativo respecto a las figuras del “Arraigo pre-procesal” y la “Prisión Preventiva Oficiosa”. Con el fin de que su aplicación cumpla con las disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La CIDH, estableció un plazo de un año para que el Estado Mexicano, informe sobre el cumplimiento de la sentencia, y le ordenó pagar Indemnizaciones a García Rodríguez y Alpízar Ortíz, por concepto de daños materiales e inmateriales.

En respuesta la Secretaría de Gobernación (SEGOB) señaló que el Estado mexicano analizará con atención los resolutivos de la sentencia emitida por el tribunal interamericano, con el objetivo de estar en condiciones para cumplir con sus disposiciones y asegurar el mayor respeto a las obligaciones contenidas en la “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, conforme a los compromisos internacionales del Estado y sus procesos democráticos internos.

Así mismo, la SEGOB, reiteró que México mantiene su compromiso con el respeto, protección y promoción de los derechos humanos y con los instrumentos y mecanismos que los protegen, tanto en el ámbito regional como universal.

Finalmente destacó que la determinación de la CIDH, servirá para orientar al Estado en cuanto a sus acciones para proteger los derechos de las personas privadas de la libertad y que enfrentan juicios frente a autoridades mexicanas.

Guillermo Espinosa / @Guiesga

AGM