Cinco estados, bajo el voto huachicol

Una patrulla militar avanza entre viviendas humildes por calles estrechas sin pavimentar. Hay restos de basura quemada en el camino, aún humeante. El vehículo gira varias veces cruzando el pueblo y avanza hacia un camino vecinal hasta que lo detiene un retén. Son huachicoleros quienes los esperan. Cuatro soldados bajan y caminan frente a su unidad, mientras se les acerca media docena de personas que les gritan y amenazan. Están furiosos por un enfrentamiento con otros militares, minutos antes. Dicen que hay un niño herido.

–Se están pasando de verga –los increpan. Los gritos suben de tono.

–¿Quieren guerra? ¿Quieren guerra? –retan los civiles.

Es el 11 de abril pasado en la colonia La Purísima del municipio de San Martín Texmelucan, en el estado de Puebla, a poco menos de una hora al este de la Ciudad de México por la autopista 150D. Ha habido un enfrentamiento entre elementos del Ejército y pobladores del lugar dedicados al robo de combustible. Uno más de entre decenas registrados en el último semestre, lo que convierte a este lugar en una zona de alto riesgo para la jornada electoral del 1 de julio.

Dos días antes, el 9 de abril, en la sesión del Consejo Distrital Electoral Federal Quinto del Instituto Nacional Electoral (INE), los consejeros expresaron su miedo ante la inseguridad que prevalece por los huachicoleros, principalmente en el V Distrito Electoral Federal de Puebla que abarca 13 municipios, de los cuales ocho —Coronango, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, San Matías Tlalancaleca, San Miguel Xoxtla, San Salvador El Verde, Tlahuapan y Tlaltenango— presentan focos rojos en 27 de 129 secciones electorales y por donde atraviesa el ducto de Pemex que viene de Veracruz.

Y Puebla no es un caso aislado. En 35 municipios de Veracruz, Guanajuato, Jalisco y Tabasco también existen focos rojos que amenazan no sólo la elección federal, sino la gobernabilidad de cada una de estas entidades, reconocen autoridades electorales locales consultadas por CAPITALMEDIA. En estos estados también habrá elección de gobernador, alcaldes y congresos locales, pero no hay un documento oficial que identifique estas zonas de riesgo electoral.

 

Control criminal

El robo de combustible en estos estados se ha traducido en nuevas formas de control criminal corporativo de comunidades enteras que participan y se benefician del delito. También es un recurso de coacción y control del voto, dice el politólogo Carlos González Martínez, exconsejero del Instituto Electoral del Distrito Federal, El ambiente de corrupción, simulación e impunidad “carcome todo”. Las elecciones no escapan a este contexto, opina el actual investigador del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM.

En los últimos cinco años, los estados de Puebla, Veracruz, Guanajuato, Jalisco y Tabasco han sido escenarios de enfrentamientos abiertos de huachicoleros con soldados, marinos y policías de los tres niveles. Las bandas del crimen organizado están ganando legitimidad entre los habitantes de la región, produciendo la descomposición social de las comunidades y la fractura del estado de derecho, dice Javier Oliva, especialista en seguridad nacional del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.

“Si bien el robo de hidrocarburo es un delito federal, las consecuencias del delito en las comunidades son de carácter local”, diagnostica.

Para el politólogo Isidro Cisneros, expresidente del Instituto Electoral del Distrito Federal, el huachicol es expresión de la complejidad de la delincuencia que permea la vida social y política del país, sin que exista una respuesta institucional coherente y eficaz que la enfrente.

El 2 de mayo de 2018 la Fiscalía de Puebla descubrió que 136 de los 185 elementos de la Policía Municipal de San Martín Texmelucan no estaban dados de alta como policías en el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Las investigaciones revelaron que algunos de esos falsos policías obedecían a los grupos del crimen organizado de la zona.

“A los ciudadanos les resulta muy costeable violar la ley porque no hay nadie que la aplique, desde infracciones menores al reglamento de tránsito en la ciudad hasta el huachicol en estas comunidades; no hay quién imponga la ley”, dice Cisneros, también profesor del Doctorado en Derecho de la Universidad Anáhuac. “Todos buscan hacerse justicia por propia mano y tenemos que salir de este Estado de guerra de todos contra todos para movernos hacia una construcción social de la legalidad y de legitimidad de los gobiernos”.

 

 

 

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Ya son más de 30 personas las que rodean a los cuatro soldados a las afueras de la colonia La Purísima de San Martín Texmelucan. Otros dos atestiguan todo desde el vehículo militar, uno desde el volante; el otro, desde la plataforma trasera, graba todo con una cámara fijada al frente de su casco. Desde el fondo del camino, al menos otras 20 personas corren hacia el grupo. Los cuatro soldados se mantienen juntos, pegados uno al lado del otro, se cubren las espaldas entre ellos mismos y caminan hacia atrás en dirección a su unidad. Uno de los huachicoleros los pasa por la derecha y avanza hacia el vehículo mientras lleva una mano hacia atrás de su pantalón.

–Tranquilo, carnal. Tranquilo –se oye la voz de un soldado trepado en la parte trasera de la unidad, mientras lo sigue con la cámara, alerta ante la posibilidad que el sujeto saque un arma de entre sus ropas.

Entonces empieza la agresión. Llueven piedras sobre los militares. Dos sujetos sacan por la fuerza al soldado que conduce la unidad. Uno lo sujeta por el cuello con el brazo mientras se acercan otros dos para golpearlo. El militar que graba todo baja de la camioneta. Se alcanza a ver el cañón de su fusil. Antes de que pueda intentar nada, lo rodean y le arrancan la cámara, que sigue encendida. Aunque no se distingue nada del video, el audio registra los gritos, las amenazas, lo que parece un inminente linchamiento de los militares.

La cámara se va a negros.

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Puebla, Veracruz, Guanajuato, Jalisco y Tabasco –estados donde habrá elección de gobernador este 1 de julio– concentraron 55% de las 10 mil 363 tomas clandestinas que se registraron en 2017, debido en gran parte a la participación de las comunidades en la ordeña de hidrocarburos y la corrupción interna en Petróleos Mexicanos (Pemex).

El año pasado, la Procuraduría General de la República (PGR) investigó los supuestos vínculos de 12 alcaldes del estado de Puebla con bandas huachicoleras. Actualmente, al menos hay cinco candidatos a alcaldes y uno a diputado local que han sido señalados por estos nexos.

Durante la última década, 144 trabajadores de Pemex han sido detenidos por presunto robo de hidrocarburos en 17 estados del país. Los principales Veracruz, Tabasco, Tamaulipas, Hidalgo, Guanajuato y Puebla. Reportes de la PGR y de la Policía Federal indican que en la ordeña de ductos en Puebla, Guanajuato, Jalisco, Veracruz y Tabasco participan organizaciones criminales como Los Zetas y los cárteles del Noreste, de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.

“Los gobernadores son totalmente responsables de lo que ha pasado en sus estados. A nivel estatal y municipal han demostrado su ineficacia total se encuentran titubeando ante el crimen organizado; hay una crisis general del Estado y de su eficacia y eficiencia para resolver estos casos de delincuencia organizada”, sostiene Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones Sociales de América del Norte de la UNAM.

En Jalisco, bajo el gobierno del priista Aristóteles Sandoval Díaz, el robo de hidrocarburos es una de las actividades delictivas que concentra el Cártel Jalisco Nueva Generación y que sólo en este estado generó pérdidas de mil 630 millones de pesos en 2016, según estima Pemex.

En Guanajuato, entidad gobernada por el panista Miguel Márquez Márquez, los homicidios dolosos se dispararon 116 por ciento entre enero y marzo de este año, en relación con el mismo periodo de 2017, según los indicadores del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). La ola de violencia se atribuye a la incursión del grupo criminal de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

En Veracruz y Tabasco, pobreza y crimen van de la mano.

En el estado gobernado por el panista Miguel Ángel Yúnez Linares, los municipios atravesados por ductos de Pemex coinciden con altos índices de violencia y marginalidad, particularmente la región de Córdoba- Orizaba, Cuitláhuac, Acultzingo, Tetelcingo, Coscomatepec, Tierra Blanca, Las Choapas, Sayula de Alemán y Omealca.

La suerte económica de gran parte de Tabasco, gobernado por el perredista Arturo Núñez, depende de la actividad petrolera en 14 de sus 17 municipios. La baja en la producción de Pemex y el desplome de los precios del petróleo en este sexenio contrajo en 15 por ciento la creación de empleos y disparó las actividades informales. En La Chontalpa, que integra a los municipios de Cárdenas, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo y Paraíso, donde se extrae más hidrocarburo, mucha gente encontró salida en el huachicol.

“En estas entidades, cuando hay mucha presencia de crimen organizado y bandas delictivas del narcotráfico se extienden y crean una correlación muy evidente con los delitos de alto impacto, como el robo de huachicol”, dice a CAPITALMEDIA Santiago Roel, director de la organización Semáforo Delictivo que mapea casi una docena de crímenes en el país.

Para Roel, la autoridad local está colapsada en algunos estados por el narcotráfico, cuyo poder económico dificulta aún más el combate a delitos de alto impacto. “Es una guerra contra el estado de derecho”, dice, y advierte que las mafias seguirán corrompiendo o matando a policías, fiscalías y alcaldes para proteger sus intereses criminales.

El rasgo más peligroso del robo de combustibles es la participación de la población, según el investigador de la UNAM Javier Oliva.

“El tema más preocupante es el daño que hace la aceptación de las prácticas ilegales y la manera de que nos alejan de la realidad de adoptar una cultura de la legalidad. ¿Cómo puede haber una cultura de respeto a la ley en un ambiente donde el bienestar de las personas para bien y, sobre todo, para mal, depende de una práctica ilegal?”, se pregunta el politólogo Isidro Cisneros.

“Hay una catástrofe. No vamos a poder tener una cultura de la legalidad mientras haya comunidades que viven de violar la ley”, dice.

Este es el escenario que enfrentarán los próximos gobernadores de Guanajuato, Puebla, Veracruz, Jalisco y Tabasco, para los que no han presentado propuestas de solución. Según Oliva, esto es reflejo de la poca importancia que le dan a la problemática social de este delito.

“Si no lo frenas a tiempo vas a tener un gran número de comunidades que dependan de lo generado por el robo de combustible y cuando quieran frenarlo te vas a enfrentar a un ejército de gente que se va a aferrar a defender a los grupos criminales por supervivencia, dispuestos a morir”, dice a CAPITALMEDIA Eduardo Guerrero, exasesor de la Presidencia de la República y del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

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Una voz intenta calmar a la gente a gritos.

–¡En qué quedamos! ¡En qué quedamos, Cruz! Ya habíamos hablado. Ellos no tienen la culpa, vamos a hablar con ellos.

¡Esos no son! –se escucha gritar a otra persona.

No importa. Otro responde:

–Pero sí son y saben quiénes fueron –le responde alguien.

Han pasado casi cinco minutos de tensión. El video termina. La golpiza no.