CNDH iniciará una ‘batalla legal’ contra el INAI por solicitar que se difunda información sobre el caso Luis Donaldo Colosio

Luego de que el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI) solicitara que se difunda información sobre el caso del asesinato del ex candidato a la presidencia de México Luis Donaldo Colosio, lo que podría afectar los intereses de Mario Aburto, autor material de los hechos, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) advirtió que iniciará una batalla legal.

“Daremos la batalla para lograr la apertura de una investigación que garantice el esclarecimiento de los hechos del 23 de marzo de 1994, y también para defender los derechos de las víctimas, incluso recurriendo a amparos o aquellos recursos que sea menester, convocando respetuosamente al Congreso de la Unión a hacer lo propio, y alinear la legislación en la materia, a los principios básicos de los derechos humanos”.

Mediante un pronunciamiento emitido este miércoles, a 28 años de los hechos ocurridos en “Lomas Taurinas”, Tijuana en Baja California, la CNDH señaló que extraña la actuación del INAI, en el resguardo de este y todos sus expedientes.

“La Comisión Nacional obra con absoluta responsabilidad y legalidad, por lo que dada la trascendencia que todos sabemos reviste el asunto que nos ocupa, frente a la cerrazón del INAI a nuestros argumentos, hemos interpuesto dos recursos en protección de la información que obra en poder de la CNDH”

Dicha información, revela la CNDH es relativa a la investigación del caso, toda vez que la protección de los derechos de las víctimas es su prioridad y además su deber legal.

“Esto, debido a que a través del INAI se ha estado pretendiendo que la CNDH dé cuenta de elementos de prueba que serían clave en la apertura de una investigación de los hechos sucedidos el 23 de marzo de 1994, por lo que vamos a iniciar una batalla legal para lograr que en todas las resoluciones de ese Instituto se imponga la prevalencia de los derechos humanos, es decir, el interés de aquellas personas que tienen la calidad de víctimas”.

En dicho documento la CNDH declaró su respeto al INAI, en su calidad de garante del acceso a la información, pero reclamó respeto a su calidad de garante de los derechos humanos.

“No puede ni debe haber contradicción entre una y otra tareas, pero tampoco es posible que el INAI pretenda poner en riesgo un caso que no está resuelto, que mida con doble rasero sus resoluciones de información”.

Además acusa que por un lado el INAI, se niega a dar a conocer los bienes y el origen de la riqueza de algunas personas, invocando los artículos 6º y 16 de la Constitución, por otro, extrañamente pretende obligar a la CNDH a exponer los intereses, y en este caso incluso, el debido proceso de una víctima, que además se encuentra en esa calidad, debido a una Recomendación.

“Para esta Comisión Nacional es de suma importancia defender los derechos de las víctimas y por lo tanto su información y derecho a la intimidad; sin embargo, el INAI ha venido instruyendo la entrega de información a terceros que pudieran exponer la integridad de las víctimas, sin importar la relevancia pública y política que la misma pudiera generar, aduciendo sobreponer el interés público de la información, un criterio que de manera alguna abona a los principios democráticos que regulan la Ley de Acceso a la Información y preservan el derecho humano de acceso a la información”.

El organismo autónomo, destacó que con toda responsabilidad y transparencia, mantiene las acciones de seguimiento para el total cumplimiento de la Recomendación numero 48VG/2021, emitida el 25 de octubre de 2021 y aceptada en el mes de diciembre de 2021 por la Fiscalía General de la República (FGR) y por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

Los principales puntos recomendatorios en los que estamos concentrados, se refieren a lo siguiente:

1. A la apertura de una investigación seria y apegada a derecho sobre los hechos que motivaron la detención de la víctima el 23 de marzo de 1994 a raíz del asesinato de un candidato presidencial, y los reiterados actos violatorios de derechos humanos que tuvieron lugar en afectación de este y de su familia, derivados de aquellos hechos. Y, desde luego, en afectación de la familia del candidato asesinado y de toda la sociedad mexicana, que a pesar del transcurrir de los años y de los esfuerzos por ocultarla, tienen derecho a conocer la verdad.
2. La sustanciación y conclusión de la demanda de la víctima por actos de tortura, que data desde el mes de agosto de 1994, y de hecho se archivó, actualmente radicada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR, lo que abonaría también al esclarecimiento de los hechos y a la comprobación de que la investigación oficial fue manipulada.
3. Hasta en tanto no se logra el cumplimiento de los dos puntos anteriores, el traslado del agraviado a un reclusorio cercano a su familia, que ya cumple 28 años de no tener ningún contacto presencial con él.
4. Además de lo anterior, la tramitación del registro de las víctimas en el RENAVI, que estamos gestionando ante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La CNDH enfatizó que ha advertido interferencias de personas particulares, no de funcionarios, en el seguimiento de la recomendación; actuaciones que pueden poner en riesgo el cumplimiento de la misma, e incluso hasta la integridad de las víctimas, por intereses claramente políticos, pero también por otros burdamente comerciales.

“Por lo que llama a la responsabilidad a quienes pretenden haber tenido un papel protagónico en los trabajos de la CNDH, que nunca tuvieron y declara que la investigación de los hechos no puede ser materia de entrevistas aparentemente “reveladoras” o series televisivas, sino de actuación de la justicia, que es lo único en que estamos comprometidos”.

Finalmente, la CNDH destacó que defenderá sus recomendaciones hasta su pleno cumplimiento y reiteró que su único y principal compromiso con las víctimas.

“Y en este caso en especial, manifiesta su compromiso con las víctimas de la Recomendación 48VG/2021, de velar por su seguridad e integridad, y acompañarlos en su empeño, que es el nuestro, por alcanzar la justicia y la verdad”.