Con la finalidad de brindar elementos para el análisis de la realidad que viven las y los trabajadores de la comunicación, así como las defensoras y defensores de derechos humanos, en el marco de un México en transformación, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) presentó el diagnóstico sobre los alcances y retos del “Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas” y la necesidad de una política de estado para la protección a las personas defensoras y periodistas.
El documento elaborado por la Quinta Visitaduría General de este Organismo Autónomo, estudia si el referido “Mecanismo” ha tenido o no, un impacto significativo para enfrentar la violencia que afecta el ejercicio de la libertad de expresión y del activismo, o si es necesario buscar y construir otras vías de protección.
“La Comisión Nacional considera pertinente aportar al debate y a la construcción de políticas públicas que integren el esfuerzo de autoridades de los tres niveles de gobierno, y a la sociedad en su conjunto, sin cuyo concurso es impensable reducir y eliminar los riesgos a los que se enfrentan las y los trabajadores de los medios y las personas activistas, toda vez que se trata no solo de llevar un conteo neutro sobre el número de periodistas y defensores de derechos humanos asesinados, sino de analizar a cabalidad las causas de cada uno, construyendo un esquema que garantice el ejercicio pleno de la libertad, el acceso a la justicia y a las garantías de no repetición”.
La Comisión Nacional, precisó en el diagnóstico que el mecanismo fue una de las principales recomendaciones formuladas por los relatores especiales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el año 2010.
“En un contexto político muy claro donde se sabía a ciencia cierta la persecución y espionaje que el gobierno mexicano realizaba contra medios, periodistas, opositores y personas defensoras de derechos humanos”.
El Organismo Nacional Autónomo, precisó el caso de la contratación del sistema de espionaje telefónico “Pegasus de NSO Group”, adquirido por Tomás Zerón de Lucio entonces, Director de la Agencia de Investigación Criminal para uso del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN).
“En esos años la publicidad oficial era un dispendio cuantioso para asegurar el control o la mediatización de algunas empresas de comunicación, se perseguía frontalmente a defensores del medio ambiente hasta encarcelarlos”.
Y hace referencia a los casos de los defensores de la tribu Yaqui, Mario Luna y Fernando Jiménez, Caso de Bettina Cruz Velázquez, de la Asamblea de Pueblos Indígenas del Istmo de Tehuantepec, y Caso de Marco Antonio Suástegui, líder de la oposición a la presa “La Parota” en Guerrero, (entre otros) y de muchos periodistas que perdieron sus empleos y espacios en medios de comunicación, como Diario Monitor y caso Carmen Aristegui.
Según el diagnóstico, de los datos que también se analizan en el informe, es de destacar que, entre diciembre de 2018 y diciembre de 2021, se registraron 49 homicidios de periodistas.
En el sexenio anterior se contabilizaron 161 asesinatos de defensores de la tierra, cifra que convirtió a México en uno de los países más peligrosos para los protectores del medio ambiente.
En lo que va de la actual administración, suman 94 defensores de derechos humanos asesinados, mismos que tienen su origen en el crimen organizado, la impunidad imperante y la falta de una cultura que dimensione la importancia que tiene su labor, entre otros factores.
“Esta Comisión Nacional considera que una parte de la solución es construir un clima favorable al debate y al ejercicio serio del periodismo, que pasa, por cierto, por el derecho de las audiencias, y otra es el papel del Mecanismo como instrumento de protección, por lo que no basta con reforzarlo en términos presupuestales ni de funciones si no se construye una política integral de Estado”.
La CNDH, explicó que es menester hacer algo más que no se ha hecho, algo que no se hizo en 2012, y que hoy es necesario poner en la mesa: la necesidad de una legislación que realmente responda a la realidad y al tamaño de la exigencia de protección para el ejercicio del periodismo y el derecho a defender derechos.
“Mediante la construcción de una auténtica alianza entre poderes y los tres niveles de gobierno que pase de solo ofrecer medidas reactivas o preventivas que no aterrizan en lo que verdaderamente debería buscarse: prevenir los crímenes y evitar la normalización de las vidas amenazadas, revisando todo el contexto de riesgo para reconstruir su vida y la de los suyos, sancionando los delitos cometidos contra ellos y evitando la impunidad, es decir, generando esquemas de soluciones duraderas”.
La CNDH, destacó que es bueno ofrecerles a las personas periodistas y defensoras amenazadas medidas de protección, guardias de protección, un botón de pánico, etc.
“Sin embargo, lo fundamental es revertir el contexto violento y amenazante que obliga a su protección y eliminar las causas de las ayudas extraordinarias, meramente coyunturales para reconstruir la paz, haciendo justicia y eliminando la impunidad”.
Así mismo, destacó que por todo lo anterior, resulta necesario abordar la problemática considerando el papel que juegan el crimen organizado, los intereses locales creados, la regionalización de cada problema, buscando crear otra clase de medios y de instrumentos que posibiliten cumplir cabalmente con el deber del Estado para garantizar la vida, seguridad física e integridad personal y psicoemocional de las personas que sufren ataques en el ejercicio de su libertad de expresión.
Al analizar los informes públicos elaborados por Observatorios y Organizaciones No Gubernamentales, tanto nacionales como internacionales, la CNDH encontró que se habla de “Limitaciones a la libertad de expresión en México”, pero que no se han desarrollado criterios para medirlas, ni mapas de agresiones que permitan identificar sus causas y tampoco esquemas de recomendaciones que ayuden, no solo a explicar la violencia en perjuicio de personas que ejercen la libertad de expresión, sino a entenderla y, por ende, a prevenirla. Simplemente se suman números de manera sesgada, incluso a veces para aparentar escenarios muy convenientes a la narrativa de ciertas facciones o grupos políticos.
Por lo que respecta al mecanismo, señala que, si bien es verdad que se ha difundido que hay un número importante de personas asesinadas que contaban con medidas de protección, también lo es que, en 10 años de existencia de mil 478 personas beneficiarias en todo el país, el número de asesinados beneficiados con el mecanismo asciende a 10.
“Con estos elementos, la CNDH considera necesario que los municipios y entidades federativas asuman sus obligaciones que con base en la Constitución y en los Tratados Internacionales les corresponden”.
Finalmente, el Organismo afirmó que no basta con que el “Mecanismo de Protección” se reforme en su funcionamiento, incluso elevando su presupuesto, si las condiciones estructurales que permiten que personas periodistas y defensoras sean amenazadas persisten.
El diagnóstico sobre los alcances y retos del “Mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas” y la necesidad de una política de estado para la protección a las personas defensoras y periodistas puede ser consultado en la página web cndh.org.mx.
