El coordinador del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, demandó al gobierno federal un combate efectivo contra la corrupción, sin dedicatorias políticas ni consultas “irregulares” sobre la aplicación de la ley.
“El combate a la corrupción, exigencia inaplazable de la población, debe ser efectiva mediante la estricta aplicación de la ley y no únicamente en tema de discursos, encuestas demagógicas y onerosas, o acciones fallidas que sólo consolidan la impunidad de los delincuentes”, dijo.
Por ello, hizo un llamado al nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Roberto Salcedo, a ir al fondo de los hechos de corrupción que se acumulan sin investigación ni castigo a los responsables en el actual sexenio.
Manifestó que si el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere enmendar el camino de verdad, entonces debe ordenar una revisión de la actuación de todos los servidores públicos y aplicar la ley sin distingo alguno.
“Es el combate efectivo, sin dedicatorias políticas o consultas irregulares respecto a si se debe o no aplicar la ley, lo que permitirá avanzar en la erradicación verdadera de la corrupción”, dijo.
Indicó que la remoción de Irma Eréndira Sandoval como secretaria de la Función Pública confirmó el “lamentable fracaso” de las estrategias contra la corrupción, abusos de autoridad y constante ilegalidad de funcionarios y sus parientes.
“La funcionaria que hoy deja la titularidad de la SFP nunca tuvo liderazgo en el Sistema Nacional Anticorrupción, cuyo objetivo es establecer los principios, bases generales, políticas públicas y procedimientos para la prevención, detección y sanción de faltas administrativas, nepotismo y hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de recursos públicos”, dijo.
Señaló que la Función Pública ha quedado mucho a deber a los mexicanos que confiaron en un cambio real con un gobierno que ya se encuentra prácticamente a la mitad de su gestión. Puso como ejemplo, el hecho de que la SFP haya consentido ocultar por cinco años los contratos para la adquisición de vacunas contra covid-19, además de permitir al gobierno federal la firma de 109 mil contratos por un total de 333 mil 910 millones de pesos, de los cuales 79.3 por ciento fueron entregados por adjudicación directa en los primeros nueve meses de 2020.
De igual forma toleró la remodelación de un estadio de béisbol en Tabasco, sin cuestionar sus fines, y facilitó que el presidente López Obrador ordenara la importación de combustibles a una empresa acusada de pagar sobornos entre 2015 y 2020, entre otras acciones.
En ese contexto, el grupo parlamentario del PAN llamó a practicar auditorías de desempeño permanentes a las principales obras del Ejecutivo Federal, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, con el objeto de identificar deficiencias en la ejecución de obras y el mal ejercicio de los recursos públicos asignados.
