“Comisión de la verdad debe ser nacional”

DALILA ESCOBAR

La propuesta de ley de amnistía y la reducción de penas podrían no tener ningún efecto durante la administración de Andrés Manuel López Obrador si antes no se resuelven los casos de desapariciones forzadas, dado que si no se encuentra la verdad, no habría culpables y de no ser así, no podría haber perdón, alertan expertos.

Este martes arrancan los foros para la pacificación del país y la reconciliación nacional, por lo que víctimas, colectivos en favor de los derechos humanos y activistas coinciden en mantener la esperanza de que el principal impacto sea que “quienes van a gobernar el país tengan los oídos y el corazón abiertos para atender el clamor de quienes exigen verdad”, aseguró Santiago Corcuera, quien fuera presidente del Comité de Desaparición Forzada de la ONU.

En el inicio de estos foros, que buscan generar políticas públicas a partir de sus conclusiones, hay por lo menos dos preocupaciones: que las comisiones de la verdad no deben ser regionales, sino que debe existir una comisión nacional con salas regionales, porque la tragedia es nacional, explicó Corcuera a CAPITALMEDIA.

En segundo lugar, detalló, “no puede haber amnistía sin que el proceso de reconciliación derivado de las comisiones de la verdad y de la justicia transicional vayan dando resultados y sólo se debe dar la amnistía, el perdón o la reducción de penas a aquellos que la merezcan de acuerdo con el resultado de las comisiones. No se puede dar un perdón por adelantado”.

Ante las iniciativas de López Obrador los expertos también alertan que aún se pueden encontrar con detractores que podrían tambalear la respuesta a las víctimas y la búsqueda de la verdad, que son precisamente los perpetradores.

“Los agentes del Estado que han cometido crímenes atroces que no quieren que se sepan y ejercen una presión terrible sobre los gobiernos para que no salga la verdad: las Fuerzas Armadas”, expuso Corcuera.

Desaparecido

Araceli Rodríguez lleva nueve años buscando a su hijo, Luis Ángel León Rodríguez, un policía federal que desapareció el 16 de noviembre de 2009 en Zitácuaro, Michoacán, con seis más federales y un civil.

“El tema de amnistía tiene muchas aristas; es como un árbol con muchas ramas y hay que ir muy cuidadosos en qué procesos sí puede y en qué procesos no”, apuntó.

La experiencia con la actual administración, aseguró, es que los elementos, como su hijo, “son mandados como carne de cañón al matadero, únicamente les dan oficios de comisión, armas de cargo y ellos tienen que buscar quién los lleve seguros a su destino”.

Encuentro migratorio

Los foros también consideran la situación de los migrantes y, de acuerdo con activistas y especialistas en el tema, se trata de atender a este sector no sólo como los mexicanos que viven en Estados Unidos, también con los ciudadanos de otros países que se quedan en el país.

De acuerdo con Eunice Rendón, integrante de la Agenda Migrante, afirmó que en los últimos años, la frontera es más de mexicanos deportados que de gente que migra. “Habría que estar más atentos a dónde los están regresando porque se queda limitado nada más para que no se vayan, creo que tenemos que hablar de los que regresan y de los que transitaban y ahora se quedan”.

La dimensión de este tema se refleja en que “el asilo o el refugio incrementó en México en 580 por ciento en 2017, y creo que esas cosas no parecen estar consideradas en el plan”, explicó.

En el plan nación que manejó el equipo de López Obrador se expone que la próxima administración enfrentará una doble presión por la situación migratoria en la frontera sur: incremento de los flujos de nacionales centroamericanos y acoso diplomático y político de Estados Unidos para que México selle la frontera sur; ante ello, Rendón asegura que en las últimas comunicaciones que tuvo López Obrador con el presidente Donald Trump se ha limitado a la cordialidad.

Desatendidos

Eleazar Hernández vivió en Estados Unidos 13 años, tiene más de año y medio en México y aún no ha visto la ayuda o acompañamiento del Gobierno Federal, junto con otros mexicanos deportados encabeza el grupo Aztlán 33, que se ubica en la Ciudad de México.

“Antes de ser deportado hablé al consulado en Wisconsin y nunca estuvieron para darme una asesoría y hasta el momento ya en México no he podido encontrar trabajo por una discapacidad que tuve por trabajo en Estados Unidos”, expuso.

Además de los temas que se puedan abordar en los foros, Eunice Rendón insiste en la necesidad de contar con un coordinador general para el tema de migración que resulte en una estructura institucional que integre todos los esfuerzos en materia de migración.

“Hay una expectativa grande de la comunidad migrante con respecto a Andrés Manuel y la verdad es que todos queremos que le vaya bien a México y que sí haya una prioridad a la mexicana en esta relación bilateral”.

Todos coinciden en que tener “esperanza” de que el nuevo gobierno comenzará a atender y resolver las violaciones a los derechos humanos; esperanza, palabra que finalmente fue una de las frases que llevó al político tabasqueño a la silla presidencial.

 

Llevan testimonios a charlas por la paz

Narrar las historias de separación familiar o de expulsión a México pese haber servido al Ejército de Estados Unidos, son algunos de los testimonios que recuperan los académicos que hoy en Ciudad Juárez, Chihuahua, participan durante el primer “Foro de Consulta para trazar una ruta de pacificación nacional”.

Los académicos propondrán crear un registro nacional de las víctimas de deportación y desplazamiento forzado.

Desde el punto de vista de los académicos, los migrantes no deben ser sólo un número estadístico y el plan de paz en México también debe considerar a estas personas que se han convertido en parte de los informes numéricos, pero de quienes se desconoce su historia.

Los docentes Abraham Paniagua y Emilio López, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, presentan este martes dos propuestas que buscan sean consideradas por el equipo responsable del proceso de pacificación convocado por Andrés Manuel López Obrador y que coordina Loretta Ortiz.

De acuerdo con el documento, que CAPITALMEDIA pudo consultar, se propone “desarrollar una plataforma digital para visibilizar los problemas humanitarios generados por el desplazamiento masivo de seres humanos como consecuencia de su manejo de la frontera mexicana-estadounidense”.

La propuesta es que la plataforma recopile testimonios en tres sitios de mayor deportación, que son: Ciudad de México, Guadalajara y Estado de México.

Actualmente, ya existe una primera fase del proyecto en que se presentan casos documentados de Ciudad Juárez. En este proyecto también participa Robert Mckee Irwin de la University of California, Davis, coordinador en Estados Unidos y quien colabora en “la producción de un archivo público que le pone rostro humano a la crisis de la deportación”, según se explica en el documento que presenta Paniagua, coordinador de los trabajos en México. La dinámica es que sean las propias víctimas quienes den sus testimonios, colocarlos en una plataforma de Internet y “ponerle una cara humana a la crisis de la deportación mediante las narrativas digitales”, explicó Emilio López, otro de los docentes promovente.

La primera fase, inició en 2017 y se produjeron 45 narrativas que disponibles en el sitio web: humanizando la deportación.

El Tecnológico de Monterrey, Universidad de Guadalajara y Universidad Autónoma de Chihuahua, la Universidad Autónoma de Ciudad de Juárez y el Colegio de la Frontera Norte, respaldan la iniciativa.

Emilio López explicó que dentro de esta propuesta académica también se contempla una reforma de ley en la que se reconozca la figura legal de la persona desplazada interna, repatriados y deportados, desde una dimensión intercultural, psicosocial y con perspectiva de género.