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Domingo 18 de Abril 2021
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Cómo se castiga coartar la libertad de expresión

Imagen para ilustrar. Foto: Cuartoscuro

Imagen para ilustrar. Foto: Cuartoscuro

07 de Junio 2018

La Constitución Política Mexicana refiere en su Artículo 7 que...

Sobre la libertad de expresión, la Constitución Política Mexicana refiere en su Artículo 7  que “es inviolable la libertad de difundir opiniones, información e ideas, a través de cualquier medio”.

“No se puede restringir este derecho por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares, de papel para periódicos, de frecuencias radio eléctricas o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios y tecnologías de la información y comunicación encaminados a impedir la transmisión y circulación de ideas y opiniones”, agrega.

Asimismo, señala que ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni coartar la libertad de difusión, que no tiene más límites que los previstos en el primer párrafo del Artículo 6 de la Constitución.

De acuerdo al Código Penal Federal, son delitos federales los actos dolosos contra la libertad de expresión y el periodismo y con penas mayores para servidores públicos.

“Se aumentará la pena hasta en una mitad cuando además el delito sea cometido por un servidor público en ejercicio de sus funciones o la víctima sea mujer y concurran razones de género en la comisión del delito, conforme a lo que establecen las le yes en la materia”, detalla el Código.

¿Qué responsabilidades tiene el gobierno en relación con mi derecho a la libertad de expresión?

El gobierno de cada país está obligado a respetar la libertad de expresión y no interferir con este derecho.

El gobierno y la sociedad deben garantizar que los obstáculos que enfrente la libertad de expresión sean removidos. (Artículos 6º y 7º constitucionales; y artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos).

En México existe el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por medio del cual el gobierno atiende su responsabilidad de proteger, promover y garantizar los derechos humanos de estos sectores ante una situación de riesgo, amenaza o vulnerabilidad, con motivo de ejercer el periodismo.

 

JCS/LGG

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