A Morena se le complica el escenario, no sólo los diputados de oposición consideran que la prisión preventiva oficiosa no debe ser una reforma constitucional, sino que ahora los especialistas se suman a estas críticas.

Al iniciar las mesas de análisis y discusión sobre la reforma al artículo 19 Constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, Gabriel Regino, consultor en seguridad, advirtió que los problemas de inseguridad, violencia, impunidad y corrupción, no se resolverán con una reforma constitucional.

Para él, el asunto se resolverá con verdadera capacitación de policías y ministerios públicos, a donde se han destinado millones de pesos para avanzar en la instrucción sobre el nuevo sistema de justicia penal, pero salvo algunas excepciones, ningún estado, ni la federación han cumplido su compromiso de mejorar el trabajo de investigación, integración de carpetas y guarda de cadena de custodia.

Por su parte, Francisco Pérez, Coordinador General de Seguimiento y Recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) señaló que se requiere una revisión integral del sistema penal mexicano que garantice por un lado un eficiente sistema de prevención de los delitos y por el otro una readaptación real de los inculpados, cualquier reforma o esfuerzo que se presente o lleve a cabo, no servirá de nada.

Aunque el representante del Instituto de Investigaciones de la Judicatura Federal, Juan José Olvera, parecía que daría su aval a esta reforma, dijo que aunque en algunos casos la prisión preventiva ha demostrado su eficacia, requiere una mejor operación de las fiscalías.

No hay datos que sustenten la hipótesis de que las personas sujetas a una medida de cautela distinta de la prisión preventiva, porque la autoridad encargada de llevar este tipo de estadísticas, simplemente no realiza su trabajo.

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