La presidenta de la Comisión de Radio y Televisión de la Cámara de Diputados, la panista Mariana Gómez del Campo, condenó enérgicamente el uso indebido de los medios de comunicación públicos en el actual proceso electoral para favorecer al partido en el gobierno.
Calificó de inadmisible que instituciones como el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, bajo la dirección de Jenaro Villamil, se hayan convertido en instrumentos de propaganda partidista, comprometiendo la objetividad y la imparcialidad que deben regir la operación de los medios públicos.
Afirmó que la orientación de Canal Once, las emisoras del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), y otros medios de comunicación bajo gestión federal hacia la difusión de narrativas partidistas y desinformación, representa una clara violación de los principios de equidad y neutralidad.
Mariana Gómez del Campo indicó que este comportamiento no solo infringe las normas establecidas en la Ley Federal de Radio y Televisión y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, sino que también vulnera la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la cual garantiza el derecho a la información veraz e imparcial.
“La reciente acción del Instituto Electoral de la Ciudad de México, que ha emitido medidas cautelares para cesar la campaña de desinformación y difamación, ilustra la gravedad de las acciones emprendidas por el partido en el poder y sus representantes en los medios públicos”, dijo.
Por ello, la diputada federal del PAN dijo que es imperativo que las instituciones actúen con la máxima diligencia para asegurar que los medios de comunicación públicos operen con la transparencia, imparcialidad y pluralismo que la democracia mexicana requiere.
“Como representante del pueblo de México, reitero mi compromiso con una prensa libre y justa, y rechazo cualquier intento de manipularla para fines políticos partidistas.”.
Por último, Gómez del Campo hizo un llamado a todas las entidades involucradas a restaurar la integridad y la función pública de nuestros medios estatales, garantizando así el derecho de la ciudadanía a una información objetiva y equilibrada.
AGM
