Condena internacional por crímenes contra reporteros

 

Envía federación de periodistas misiva a EPN; critica agresiones y situación del gremio


La comunidad internacional de periodistas condenó los ataques contra comunicadores en México, así como los altos niveles de impunidad en estos crímenes. En una carta dirigida al presidente Enrique Peña Nieto, la Federación Internacional de Periodistas (FIP) con sede en Bruselas, Bélgica, se dijo consternada por los “ataques que, cada vez con mayor frecuencia, terminan con el asesinato de un/a comunicador/a sin que nadie sea castigado por ello”.

La FIP en representación de 600 mil trabajadores de prensa de más de 140 países, recriminó la escasez de respuestas ante los homicidios de Cecilio Pineda Birto en Guerrero; Ricardo Monlui en Veracruz; en Chihuahua, Miroslava Breach; Maximiliano Rodríguez Palacios en Baja California Sur; Filiberto Álvarez Landeros, en Morelos; en Sinaloa, Javier Valdez Cárdenas; Héctor Jonathan Rodríguez, en Jalisco y  Salvador Adame Pardo, en Michoacán; todos ellos asesinados tan solo en los últimos seis meses. Además de los homicidios, detalló que la ola de violencia, amenazas y actor de intimidación han causado el cierre de medios de comunicación.
Asimismo, consideraron “aberrante” que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se encuentre “subsistiendo con fondos remanentes de partidas presupuestarias previas”, según informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Aunado a la falta de voluntad política, han hecho que, durante la administración del priista, el escenario de violencia “lejos de resolverse, el escenario haya empeorado notablemente, acentuando el entorno de vulnerabilidad dentro del cual se desempeñan los trabajadores y trabajadoras de prensa”, que se refleja en la taza de impunidad que alcanza 98 por ciento.
Por ello, urgieron al mandatario a que antes de que concluya su sexenio, “haga explícito su compromiso de resolver los 34 crímenes y tres desapariciones de periodistas perpetrados desde finales de 2012, y se haga justicia enjuiciando a los autores materiales e intelectuales de los mismos” y que los discursos políticos se conviertan en acciones concretas.