Conflicto en el TEPJF, reyerta entre el PRI-PAN por el control del órgano colegiado: Salomón Jara

El senador Salomón Jara Cruz acusó que la crisis por la que atraviesa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) es consecuencia de su diseño institucional, “el cual permitió al PRIAN” designar a los magistrados que mejor respondieran a sus intereses.

Sin embargo, para el legislador por Morena, “lo que hoy observamos es precisamente una reyerta entre el PRI y el PAN por el control del órgano colegiado”, denunció.

Lamentó que el TEPJF haya perdido toda legitimidad y credibilidad, incluso si la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolviera con inmediatez la controversia por la titularidad de la Presidencia en el Tribunal.

El conflicto de intereses es evidente: por un lado, el magistrado Reyes Rodríguez fue director general adjunto en la Secretaría de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón y coordinador de asesores del exsenador Roberto Gil.

“En cuanto al magistrado José Luis Vargas, fue coordinador de Asuntos Jurídicos en la SEGOB con Vicente Fox y titular de unidad en el CISEN y Fiscal Especializado para la Atención de Delitos Electorales con Felipe Calderón, y posteriormente fue impulsado por el PRI para llegar al tribunal electoral”.

Jara Cruz dijo que las resoluciones del tribunal electoral estarán en entredicho desde los incidentes surgidos de la elección de junio de este año, hasta los procesos electorales de 2022 y 2024. Es extremadamente grave la incertidumbre que han generado y corresponde resolverla a las y los senadores.

Consideró urgente analizar el tema a profundidad y revisar la legislación para garantizar que la máxima instancia en materia electoral cumpla con su función constitucional apegada a los principios de legalidad, objetividad e imparcialidad.

Resaltó que la reforma electoral que analice, discuta y apruebe el Congreso de la Unión, debe incluir la reestructuración del Instituto Nacional Electoral y del TEPJF, porque lo que está en juego es la legitimidad y la credibilidad de las instituciones electorales.