Contabiliza el INE 19 asesinatos de aspirantes a algún cargo

A la fecha, van 19 aspirantes a algún cargo de elección popular local que han sido asesinados entre los estados de Chihuahua, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí y Oaxaca; eu grueso de los homicidios ocurrieron en Guerrero con siete, y en el Estado de México y Puebla, con tres cada uno, informó el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, quien destacó que, de la totalidad de los asesinados, 13 eran hombres y seis con mujeres, al momento de los actos violentos en que perdieron la vida, ocho estaban en precampaña, mientras que los otros 11 ya se estaban ene plena campaña.

Los hechos se han registrado desde el pasado 14 de diciembre fecha de inicio de la fase de precampaña a la fecha, un promedio cercano a los 6 homicidios por mes.

Córdova Vianello, al participar en la sesión de trabajo del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en México, aseguró que, si bien este proceso electoral se ha circunscrito en un contexto de violencia, este fenómeno viene de mucho atrás.

Informó que, en este contexto, el INE mantiene una coordinación “permanente y bien aceitada”, con las instituciones de seguridad pública nacional y estatales, señalan que estos actos de violencia no han tenido como principal objetivo obstaculizar la organización de las elecciones.

Sin embargo, rechazó que con ello se debe minimizar la situación, ya que una sola muerte es suficiente para indignarse y rechazarse ya que indiscutiblemente empaña el buen desarrollo de unas elecciones.

“Todas esas muertes, sean de mujeres u hombres son absolutamente reprobables y lamentables, por ello los asesinatos contra precandidatos y precandidatas, así como contra candidatas y candidatos debemos considerarlo como una erosión de nuestra convivencia en clave democrática, en tanto que la democracia misma supone la negación de la violencia”, concluyó.

Por su parte, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Janine Otálora Malassis, destacó que el ejercicio de los derechos político-electorales “no debe y no puede tener como costo la integridad, la seguridad ni la tranquilidad de nadie”.

Destacó que “la violencia merma el ejercicio de los derechos, debilita el Estado, lesiona la credibilidad de las instituciones y genera un ambiente adverso para el proceso electoral”, por ello, dijo que “la aspiración de todo quehacer gubernamental debe ser la prevención de cualquier tipo de violación a los derechos humanos”.

 

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