CRÓNICA. Gobierno mexicano se disculpa con Lydia Cacho

Lydia Cacho
 

Lydia Cacho llegó a la Secretaría de Gobernación, la misma que le cerró la puerta hace casi 14 años cuando denunció violaciones a sus derechos humanos por parte de agentes del Estado. Más de una década después, ahora entre aplausos y por la entrada principal, Lydia regresó acompañada por su familia, amigos y defensores. Esta […]


Lydia Cacho llegó a la Secretaría de Gobernación, la misma que le cerró la puerta hace casi 14 años cuando denunció violaciones a sus derechos humanos por parte de agentes del Estado.

Más de una década después, ahora entre aplausos y por la entrada principal, Lydia regresó acompañada por su familia, amigos y defensores. Esta vez sería el Estado quien le pidiera que acudiera a su cita.

En uno de los salones más importantes de Gobernación, el Revolución, acudieron dos de los principales funcionarios de la administración de Andrés Manuel López Obrador: Olga Sánchez Cordero, titular de la dependencia sede; y el canciller mexicano, Marcelo Ebrard, quien en medio de al menos dos abrazos prolongados hizo comentarios a Cacho que parecían mostrarle apoyo.

Dispusieron de logística para un evento especial; Cacho acudió con la vestimenta más común del gremio periodístico de a pie: pantalón de mezclilla azul.

El primero en tomar la palabra fue el representante adjunto en México de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jesús Peña Palacios.

El 17 de julio de 2018 el Comité de Derechos Humanos declaró al estado Mexicano responsable de las violaciones de derechos humanos en contra de Lydia Cacho contra su libertad e integridad personal.

La administración aún encabezada por Enrique Peña Nieto tenía 180 días para informar sobre las medidas que adoptaría para responder a las medidas señaladas por la ONU, entre ellas realizar una investigación imparcial, pronta y exhaustiva sobre los hechos denunciados por Cacho; juzgar y castigar a los responsables; ofrecer la compensación adecuada a la víctima; y adoptar las medidas necesarias para evitar que se cometan violaciones en el futuro.

El gobierno priista hizo lo contrario.

[twitter url=”https://twitter.com/CapitalMexico/status/1083467388861861894″]

En el estrado, por momentos Cacho colocaba los brazos sobre la mesa y cruzaba las manos, inamovible; después explicó que pensaba en uno de los detalles que era importante exponer frente a los funcionarios y, al final, olvidó.

“Poco antes de salir el PRI, recibí unas llamadas para decirme que me convenía irme si intentaban detener a Mario Marín y ahora recae la responsabilidad sobre este nuevo gobierno de que yo me mantenga con vida, como muchos otros reporteros y reporteras y de que no me tenga que salir del país por hacer lo que es justo. Yo financio mi seguridad porque no confío en la seguridad del Estado”, detalló en entrevista al terminar el acto oficial.

Al hablar de las “acciones” de los anteriores gobiernos, Lydia sonreía de tal manera que emulaba el sarcasmo.

El último llamado al Estado mexicano, dentro de los 180 días establecidos por la ONU, le correspondió al gobierno de López Obrador.

Protagonistas del hecho, medios de comunicación tomaron diferentes espacios del salón; el silencio llegó cuando el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Alejandro Encinas, dio voz a la disculpa pública.

“Ciudadana Lydia María Cacho Ribeiro, a nombre del Estado mexicano, le ofrezco una disculpa pública por la violación a sus derechos humanos en el marco del ejercicio del derecho a la libertad de expresión”, expresó.

A criterio de la ONU, este acto “es una oportunidad para que el nuevo gobierno federal concretice de manera contundente su compromiso con la justicia y los derechos humanos, especialmente el derecho a defender los derechos humanos y la libertad de expresión”.

Lydia Cacho aceptó la disculpa y lo primero que hizo fue poner los audios de las conversaciones que tuvieron el empresario Kamel Nacif y el exgobernador poblano Mario Marín para recordar que fueron ellos mismos quienes contaban una a una las vejaciones de las que fue objeto Cacho al ser detenida de manera arbitraria por denunciar la red de pederastia que lideraba Jean Succar Kuri, quien enfrenta una condena de más de 100 años.

Nacif y Marín, reprochó Cacho, siguen en su casa.

El tono de Lydia fue firme, con el semblante de seriedad, aún de indignación, volvió a escuchar las voces de sus perpetradores y dijo no pedir sino exigir congruencia con el acto de las disculpas.

“No lo logramos, pudo más la fuerza de los criminales que la honestidad de la prensa, la valentía de las niñas y niños víctimas, que mis esfuerzos acompañados de la solidaridad social invaluable”, fue otra de las frases con las que comenzó su discurso.

La periodista se dirigió a la nueva administración: “Este gobierno tiene la responsabilidad de utilizar los próximos seis años para crear un verdadero Estado de Derecho. Lo menos que esperamos de quienes lideran este país es que tengan la mitad de la valentía y ética que hemos demostrado nosotras teniendo una milésima de poder que ustedes tienen”.

[twitter url=”https://twitter.com/CapitalMexico/status/1083470959837831168″]

La primera mujer designada como secretaria de Gobernación, Sánchez Cordero, tomó la palabra de manera breve.

“El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador no estará supeditado a intereses particulares, que el poder político y el poder público no estará subordinado al poder económico, y para enfatizar, que estaremos protegiendo a quienes con su pluma o con su voz denuncien cuando la dignidad humana corra peligro, o cuando el silencio sea cómplice de la injusticia”.

José Cacho, hermano de Lydia y una de las personas que la ha acompañado en todo el proceso, observó la cada vez mayor fortaleza que tomó la periodista para no dejar de denunciar.

“Era una decisión absoluta de convencerse aún más de que lo que estaba haciendo era aún más de que lo que estaba haciendo era lo correcto porque darse por vencida representaba abandonar sus ideales y dejar en la desatención todo el esfuerzo que había hecho con mujeres y niños violentados”, compartió.

Ebrard reconoció el hecho como un parteaguas, “el Estado Mexicano tradicionalmente no actuaba de esta manera, se cometieron muy graves violaciones a los derechos humanos de Lydia que representa la libertad de prensa. El estado mexicano no va a tolerar ninguna violación a los derechos humanos, es lo que quiere decir este mensaje”.

Para la periodista este momento es apenas el principio en la búsqueda de justicia no solo para ella, sino para los menores de edad que son víctimas de redes criminales; sobre todo porque los perpetradores continúan en libertad.

Cacho no dejó de hacer hincapié en la materia que la llevó a ser objeto de violaciones a sus derechos: “Cada año más de 4 millones y medio de niños y niñas en particular son abusados sexualmente, en México según datos de la OCDE al menos el 10% terminará en una red de pornografía comercial vinculada a la delincuencia organizada”, pronunció en su discurso.

EL MECANISMO DE PROTECCIÓN

Aun con esta acción, el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y periodistas es el gran pendiente de las autoridades.

Lydia Cacho denuncia que no funciona “y tienen que reestructurarlo por completo. La empresa privada a la que contrató Osorio Chong para defender y proteger y poner guardias especiales a periodista en riesgo es una empresa que se dedica a la investigación y al espionaje, no funciona, los chalecos antibalas que tiene son los más antiguos que existen, tienen más de 15 años”.

En tanto que Alejandro Encinas dijo que “no hay reducción presupuestal, el mecanismo tiene recursos suficientes para garantizar el ejercicio y la protección tanto de los defensores de derechos humanos como a los periodistas que están bajo el mecanismo de protección”.

Dijo que habrá cambios para mejorar las garantías de protección que se brindan y podrían optimizar recursos “porque lamentablemente en muchos casos se ha hecho un uso indebido o desmedido de recursos sin que se garanticen buenos resultados”.

El primer cambio “es asumir que la seguridad de las personas sujetas a la protección del mecanismo es responsabilidad del Estado y debe prestar esa seguridad, no un particular”.

También, dijo, vigilarán los gastos que se hacen y no se justifican en cuanto a la aplicación de las medidas precautorias.

TE PUEDE INTERESAR:

[twitter url=”https://twitter.com/CapitalMexico/status/1083532946961645568″]