Da Corte revés a partido naranja

 

Partidos sólo pueden intervenir en temas electorales: ministro Pardo


La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó por “notoriamente” improcedente la acción de inconstitucionalidad promovida por el Partido Movimiento Ciudadano (MC) para impugnar la Ley de Seguridad Interior (LSI), promulgada mediante decreto expedido en el Congreso de la Unión y publicado el 21 de diciembre de 2017.

El Partido MC se inconformó por supuestas violaciones a las leyes electorales, aunque, por la naturaleza de la LSI y los preceptos electorales, así como los argumentos presentados por el partido político, haya pocas probabilidades que la SCJN la acepte para su estudio.

El ministro instructor Jorge Mario Pardo Rebolledo determinó que la demanda es improcedente, debido
a que los partidos políticos sólo pueden recurrir a este tipo de juicios para demandar la invalidez en normas de naturaleza electoral.

“En el caso existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, que conduce a desechar la presente acción de inconstitucionalidad, porque en la especie no se reclaman normas de naturaleza electoral, por lo cual los accionantes no puede intentar este medio de control de constitucionalidad, actualizándose el supuesto de improcedencia”,
establece el acuerdo.

En el caso de las acciones de inconstitucionalidad promovidas por senadores de la República, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), está pendiente para dictarse el acuerdo de admisión o no admisión correspondiente.

Dichas acciones han sido acumuladas y turnadas al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, por existir identidad respecto al decreto combatido; y la misma resolución se adoptó en el caso de las controversias constitucionales interpuestas para demandar la invalidez de la LSI.

El martes, la defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oaxaca presentó ante la Corte otra controversia contra la norma.

El consejero de la defensoría, José Bernardo Rodríguez Alamilla, afirmó que impugnan principalmente el artículo 31 de la nueva ley y pidió al Máximo Tribunal, que abra el debate sobre la ley.

“Consideramos que sí tiene que haber un ejercicio de análisis por parte de los ministros de la Corte, en relación al grave peligro en que nosotros consideramos pueden estar las víctimas de violaciones a derechos humanos”, declaró.

El recurso fue presentada luego de cumplirse el plazo estipulado, por lo que pudiera ser desechada por el ministro encargado del caso por no haber sido presentado en tiempo y forma.