El Poder Judicial en México no debe estar bajo presiones ni amenazas del Presidente de la República, debe ser una instancia fuerte, porque, de lo contrario la democracia no podrá seguir en construcción, advirtieron juristas, especialistas y diputados de distintos partidos políticos.
Durante un seminario sobre la reciente reforma al Poder Judicial que amplió por dos años más el mandato del actual presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar- y que aun no ha sido promulgada por el Ejecutivo Federal, los juristas advirtieron sobre el riesgo de que los órganos jurisdiccionales quieran ser “amoldados” a las decisiones del Ejecutivo.
El ex titular de la desaparecida PGR, el jurista Diego Valadés, sentenció que si la Corte declara válida la llamada “Ley Zaldívar”, habrá quedado derogado el orden constitucional vigente.
Confió en que ello no sucederá, porque ningún abogado respetable aprobaría tal decisión.
“Qué pasaría si se declara que es constitucional el artículo Décimo Tercero, lo que la Corte estaría estableciendo que la constitución es reformable por la vía ordinaria y ya no de la legislación, que ya no tiene que intervenir en la reforma constitucional una mayoría calificada del Congreso y la mayoría de los Congresos locales. A partir de ese momento ya no tenemos ningún recurso porque simplemente el orden constitucional que conocemos, habrá quedado derogado”.
El ministro en retiro de la SCJN, José Ramón Cossío, indicó que en el país se corre el riesgo de que los órganos jurisdiccionales dejen a un lado su labor de equilibrio, contrapeso y de hacer valer la Constitución, para amoldarse a las decisiones políticas del Ejecutivo Federal.
La exconsejera Jurídica del gobierno capitalino, Leticia Bonifaz, manifestó su preocupación ante el avance en el Congreso, del intento de darle la vuelta a la Constitución a través de una ley secundaria.
También lamentó que el país esté inmerso en un “clima” de ataques sistemáticos contra jueces y magistrados que están cumpliendo su labor.
Martha de Buen, presidenta de la Barra de Abogados, habló sobre la intimidación a jueces y magistrados. “No podemos quedarnos callados, tenemos que actuar”, dijo.
Durante su intervención en el seminario, convocado por la presidenta de la comisión de Justicia, Pilar Ortega, el coordinador del grupo parlamentario del PAN, diputado Juan Carlos Romero Hicks, consideró que el país está ante un gran riesgo y está urgido en tres aspectos: Estado de derecho, contrapesos republicanos y la democracia de los ciudadanos. “Estamos en riesgo del retorno de una presidencia imperial no deseada y que los poderes ya no lo sean”, señaló.
Dijo que el Poder Judicial debe estar exento de todos los vaivenes, tentaciones y juicios de partido e ideología, porque debe ser el garante de la Constitución que todos los servidores públicos protestan hacer guardar.
Fabiola Loya, coordinadora de los diputados de Movimiento Ciudadano, dijo que México necesita un Jefe de Estado respetuoso de la división de Poderes y de los contrapesos constitucionales. “La autonomía y la independencia del Poder Judicial es vital dentro de un régimen democrático y con ello asegurar una justicia pronta e imparcial para todas, sin distinciones, que permita una convivencia social en el marco de la legalidad”.
Por su parte, la coordinadora de los diputados del PRD, Verónica Juárez Piña, hizo un llamado a defender la imparcialidad y autonomía del Poder Judicial ante el Ejecutivo que busca someterlo.
Responsabilizó al Presidente de la República y su mayoría en el Congreso de paralizar la modernización del Poder Judicial con su pretensión autoritaria y señaló que, ante el cúmulo de controversias judiciales contra sus decretos, se requieren jueces, magistrados y ministros imparciales
