Demanda PRI a estados cancelar o anular contratos particulares sobre gestación subrogada

La diputada del Partido Revolucionario Institucional, Nélida Ivonne Díaz Tejeda, hizo un llamado a las autoridades de las 32 entidades federativas a suspender o anular cualquier contrato celebrado entre particulares respecto de gestación subrogada, hasta en tanto no exista legislación que la regule.

Indicó que de acuerdo con el informe Surrogacy Market 2023-2032, la gestación subrogada se ha convertido en una industria que alcanzará a nivel mundial los 129,000 millones de dólares para el año 2032, lo cual indica que esta práctica, continua en ascenso y requiere de esfuerzos significativos por parte del gobierno mexicano para supervisar y evitar la celebración de contratos de gestación subrogada.

Dijo que existen diversas posturas que buscan prohibir y otras que buscan regular la celebración de contratos de gestación subrogada, también conocida como “vientre de alquiler”, “renta de úteros” o, “gestación por contrato”.

Díaz Tejeda señaló que, en México, no existen datos exactos que nos permitan conocer la cifra de mujeres que fungen como mujeres gestantes a partir de la celebración de este tipo de contrato puesto que, a nivel federal no hay ninguna legislación que regule la celebración de contratos de gestación subrogada ni existe legislación sanitaria que regule las técnicas de reproducción asistida.

Algunos estados como Tabasco y Sinaloa cuentan con disposiciones que permiten la gestación subrogada, como un contrato legal, siempre y cuando el contrato sea celebrado entre personas ciudadanas mexicanas; exista una madre y padre contratante; la mujer contratante tenga entre veinticinco a cuarenta años de edad y la mujer gestante tenga entre veinticinco y treinta y cinco años de edad; la mujer gestante goce de buena salud biopsicosomática y dé su consentimiento voluntario para prestar su vientre.

Preciso que en Tabasco, la gestación subrogada, se encuentra regulada por el Código Civil para el Estado de Tabasco del artículo 380 bis al 380 Bis 7, mismo que contempla dos modalidades de gestaciones, la subrogada y la sustituta; mientras que Sinaloa prevé la gestación subrogada en su Código Familiar del artículo 282 a 297, mismo que cuatro modalidades de gestación subrogada: total, parcial, onerosa y altruista.

Insistió que en la actualidad existe un vacío legal, una ausencia de regulación a nivel federal sobre la gestación subrogada, lo que crea incertidumbre jurídica, lo que pudiera ser violatorio de los derechos humanos y podría poner en riesgo los derechos humanos de las mujeres gestantes al propiciar prácticas relacionadas con la comercialización del cuerpo de la mujer, la explotación de las mujeres gestantes a través de servicios médicos deficientes, violencia obstétrica y violaciones a su derecho a la vida privada al ser estrictamente controladas durante el embarazo.

“Sin duda, la celebración de estos contratos conlleva implicaciones legales, éticas y sociales significativas que deben ser abordadas a nivel nacional y estatal”, expresó la priista.

De ahí que dijo que es indispensable que las disposiciones que se emitan prevean servicios de salud y de asesoría jurídica gratuita las mujeres gestantes, así como disposiciones que garanticen la protección de los derechos humanos de los niños, y niñas nacidas.

También, deben existir disposiciones que prevengan y en su caso, castiguen la explotación de la mujer gestante.

“Es esencial que cada entidad federativa, supervise la posible celebración de contratos de gestación subrogada y en su caso, realicen las acciones pertinentes para restringir esta práctica en su legislación estatal. Esto permitirá atender, el aumento de celebración de contratos de gestación subrogada en la clandestinidad, evitando la violación de los derechos humanos de las mujeres gestantes, y la comercialización y explotación de su cuerpo”, concluyó la priista.

AGM