Denuncia alcaldesa violencia de género

 

Presenta controversia en la Corte por decisión electoral


Hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación acudió Samantha Caballero Melo, presidenta municipal de San Juan Bautista lo de Soto, Oaxaca, para presentar una controversia constitucional contra la sentencia emitida la semana pasada por el Tribunal Electoral del Estado, misma que revictimiza y fomenta la violencia política por razón de género, acusó.

Caballero Melo, quien fue electa en los pasados comicios y asumió el cargo el primero de enero de este año, denunció a Pablo Anica Valentín, síndico municipal, como su principal agresor, además de retener los vehículos para el servicio de la comunidad.

“En un acto evidentemente misógino y sin perspectiva de género emite una sentencia en la que ordena a la presidenta municipal de San Juan Bautista lo de Soto, entregarle los pagos a los regidores y síndico municipal –quienes no han desempeñado sus funciones desde la toma de protesta– que desde el año pasado han ejercido distintas formas de violencia política contra la alcaldesa”, señaló Anabel López Sánchez, integrante del colectivo por la ciudadanía de las mujeres.

Además, tal sentencia, que atiende al juicio presentado por el síndico y los regidores involucrados, incurre en actos de invasión de competencias al invalidar actas de sesión de cabildo, que a decir de López Sánchez, han servido para el mediano funcionamiento de ese ayuntamiento.

Por ello, la alcaldesa solicitó a las instancias públicas respeto a los acuerdos de cabildo, así como la acreditación del suplente regidor de Hacienda.

“El tribunal electoral del estado desechó toda la documentación que acreditaba al regidor de Hacienda. Yo solamente quiero que lo acrediten, es injusto que el tribunal me está mandatando ahora, que tengo que pagarle su salario al síndico municipal, cuando él nunca ha ido a trabajar; él es el primer agresor y él tiene todos los vehículos desde el 1 de enero hasta la fecha.

“Tiene las patrullas, la ambulancia, el recolector de basura, todos los vehículos, y quiero que me den las herramientas para poder desempeñar mi cargo”, expresó la alcaldesa.

Asimismo, acusó a María Elena Gonzales Arellanes, regidora de Educación, y a María Renterías Silva, regidora de Obras, de ser partícipes de estos actos de violencia. Acusó que Eloy Bernardo Vargas Alberto, titular de la regiduría de Hacienda, tras faltar a las sesiones de cabildo tuvo que ser reemplazado por el suplente.

La funcionaria informó también que fue presa de actos de persuasión con el propósito de que renunciara al cargo que por elección popular había ganado, para que pudiera asumirlo, Anica Valentín.

Alertaron de la violencia de la que son víctimas las mujeres que aspiran u ostentan un cargo en la vida pública del estado. “La violencia política se acompaña de violencia estructural, que no se puede perder de vista por parte de esta Suprema Corte de Justicia”, advirtió.

Elisa Zepeda, quien es una de las 22 presidentas municipales elegidas bajo el sistema normativo indígena, recriminó que las instituciones gubernamentales se sumen a la ola de actos de violencia institucional que, dijo, vulnera a todas las mujeres que se encuentran en cargos municipales. Por lo que el caso de Samantha es de suma importancia para que se preste atención y dictamine el respeto a los derechos políticos de las 60 presidentas municipales que actualmente gobiernan alguno de los 570 municipios que conforman el estado.

Tabla

Samantha Caballero Melo solicitó la revocación de mandato del síndico y el regidor de Hacienda, pues acusó que desde la etapa de campaña difamaron, invalidaron e invisibilizaron sus capacidades

con un claro componente de género, que buscaba obstaculizar su llegada a la presidencia municipal.

La solicitud de revocación de mandato fue hecha el 16 de mayo de 2017 por más de 500 ciudadanos. El 28 de junio la alcaldesa solicitó formalmente la revocación de mandato del síndico Pablo Anica Valentín y del regidor de Hacienda, Eloy Vargas Alberto.