Denuncian crímenes graves en Coahuila

 

Representantes del Estado mexicano se comprometieron a dar seguimiento


Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos organizaciones civiles destacaron la situación que prevalece en Coahuila, donde entre 2009 y 2016 se cometieron crímenes graves como la privación ilegal de la libertad, tortura y desapariciones forzadas, documentadas en el análisis jurídico de la situación de los derechos humanos.

Dicho análisis, elaborado por la Federación Internacional de Derechos Humanos, con el apoyo de más de 100 organizaciones mexicanas, considera que los crímenes califican como de lesa humanidad por lo que competen a la Corte Penal Internacional.

Durante una audiencia pública celebrada en Uruguay, en el marco del 165 periodo de sesiones, integrantes del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, acusaron a las autoridades de seguridad estatales de colusión con el grupo delictivo Los Zetas, para perpetrar dichos delitos. De manera particular señalaron a los hermanos Moreira, exgobernadores del estado, de estos vínculos con integrantes de este grupo armado.

Sin embargo, apuntaron que estas redes se extendieron a alcaldes, policías de los tres órdenes de gobierno, personal del Ejército Mexicano y agentes del Ministerio Público, tanto del fuero local como del federal. Recordaron que prueba de ello fueron la masacre de Allende, donde sicarios del Cártel de Los Zetas asesinaron a decenas de pobladores tras saberse traicionados, y la respuesta del presidente municipal, quien estaba en una boda, fue que se sentía terrible por lo que había pasado, pero que no había nada que él pudiera hacer. Ni una sola patrulla llegó, revelaron más tarde testimonios de sobrevivientes.

Otro caso que fue llevado ante el comité interamericano fue el del penal de Piedras Negras, donde nuevamente el Cártel de Los Zetas mostraba su poderío e impunidad en el estado e incineró en hornos improvisados a cerca de 150 personas en el interior del Cereso.

En la audiencia también comparecieron representantes del Estado mexicano, quienes se comprometieron a darle seguimiento a lo denunciado, con el fin de permitir el acceso a la justicia de las víctimas y no rechazaron la cooperación de instancias internacionales así como la instalación del consejo asesor, recomendado por el Alto

Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.