Detectan irregularidades en gastos del INE

Fallas en adquisiciones, contratación injustificada de personal y en registros contables, el pago a trabajadores que no cubren los perfiles necesarios, así como la adjudicación de contratos a través de procedimientos cuestionables, fueron algunas de las anomalías en las que incurrió el Instituto Nacional Electoral.

De acuerdo con el informe que el INE entregó a la cámara de Diputados y que fue elaborado por el propio órgano de control de este instituto, se da cuenta de una serie de irregularidades sujetas, en su mayoría, a proceso de solventación, como la correspondiente a los registros contables en el Pasivo Diferido a Largo Plazo, por mil 174 millones de pesos, sin que la Dirección de Recursos Financieros proporcionara documentación correspondiente al cierre de la Cuenta Pública 2017.

A raíz de la revisión, el INE reconoció pendientes como la necesidad de consolidar su sistema de adquisiciones y compras; así como mejorar la labor del personal encargado de investigación de mercado y adjudicaciones directas.

Reconoció el organismo electoral que se deberán ajustar los procedimientos de contratación de personal, los catálogos de perfiles y en general, mejorar los procesos administrativos.

Advirtió que se siguen adjudicando contratos a través de procedimientos “cuestionables”; hay deficiencia en la administración y supervisión de los mismos; al igual que en la aplicación de sanciones por incumplimiento de los proveedores.

Entre otros elementos, notificó de la recepción de 12 denuncias promovidas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por casos como el del pago de 1 millón 436 mil pesos a siete prestadores de servicios por honorarios, que no cumplieron los requisitos académicos necesarios; y por la falta de entrega de más de 401 mil materiales a Juntas Distritales Ejecutivas.

Pese a reconocer las fallas, el INE también dio cuenta de que la mayoría de estas quedan sin sanción.

En este sentido, preciso que se generaron 561 expedientes de los cuales, 390 derivaron en resoluciones definitivas que en su gran mayoría, 338, no terminaron en sanción. Solo en 52 casos se determinó aplicar penalizaciones.

En 44 casos, la sanción fue una amonestación pública; solo hubo una suspensión temporal; y en siete casos se decretó inhabilitación de tres a 11 meses a servidores y ex servidores del INE.