Devuelve AMLO al Senado Ley Orgánica de Tribunales Orgánicos

El presidente Andrés Manuel López Obrador regresó, con observaciones, un decreto con reformas a la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, que había sido aprobado por el congreso de la Unión, por considerar que los cambios aprobados son contrarias a la Constitución y excede la división de poderes.

Las reformas a los artículos 12 y 17 de la citada ley fueron avaladas por los senadores el 2 de febrero del año pasado y, posteriormente, el 8 de diciembre, en la Cámara de diputados.

El oficio del Ejecutivo enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión fue turnado al Senado de la República para que la reforma sea discuturla nuevamente como cámara de origen. Sin embargo, se requerirá de mayoría calificada de dos terceras partes de los votos para superar el veto del presidente López Obrador a dicha legislación.

Profesionalizar a magistradas y magistrados

La reforma pretende profesionalizar a magistradas y magistrados que imparten justicia agraria en nuestro país y eliminar su inamovilidad y limitar a 15 años su permanencia en el cargo, así como establecer el requisito de comprobar “práctica profesional mínima de cinco años en materia agraria” para ocupar esa posición.

Asimismo, establece la obligación del Ejecutivo de justificar la idoneidad de sus propuestas para magistrados agrarios, haciendo constar su trayectoria profesional y académica.

No obstante, en su oficio enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el Presidente de la República sostuvo que dicha obligación no solo excede lo dispuesto por el texto constitucional, sino afecta la división de poderes.

Sobre la eliminación de la inamovilidad de los magistrados agrarios y la limitación a 15 años su permanencia en el cargo, López Obrador consideró que se trata de una disposición discriminatoria, ofensiva y contraria al artículo 1 constitucional contra los adultos mayores.

Práctica profesional materia agraria

López Obrador también cuestionó el requisito de comprobar “práctica profesional mínima de cinco años en materia agraria” para ocupar el cargo de magistrado agrario, al tiempo de afirmar que, para el Ejecutivo, “más que el conocimiento formal, debe tomarse en cuenta la solvencia profesional, calidad ética, capacidad de análisis y razonamiento lógico-jurídico demostrado con experiencia profesional y formación académica”.

Sostuvo que ni la iniciativa ni el dictamen ofrecen argumento para sustentar que el requisito de especialización tiene alguna ventaja para el desempeño de las funciones de juzgadoras y juzgadores.

“Ni la iniciativa ni el dictamen correspondiente señalan cómo ha perjudicado en el desempeño de la justicia agraria el hecho de no haber requerido dicha especialidad, pues en 30 años de existencia de los tribunales, de 1992 a la fecha, no se ha solicitado este requisito”, se establece.

ZG