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Miércoles 23 de Septiembre 2020
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Diputados aprueban la eliminación del fuero al Presidente de la República

Fuero presidencial Foto: Internet

Fuero presidencial Foto: Internet

02 de Septiembre 2020

Con ello, se busca que existan dos principios: el de igualdad ante la ley y el de la imparcialidad de la justicia, que implican que no debe existir ninguna distinción cuando se cometa una falta o conducta contraria a derecho.

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con 420 votos a favor, 15 abstenciones y cero en contra reformas a los artículos 108 y 111 constitucional para la eliminación del fuero al Presidente de la República para que pueda ser juzgado por hechos de corrupción, delitos electorales y todos aquellos que se consideran de extrema gravedad y que causan un severo daño al Estado y al pueblo mexicano.

De esta forma, se incorporan, también, delitos como el abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo a casa –habitación en la minuta que fue remitida al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

Al fundamental el dictamen, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales , Aleyda Alavez Ruiz, manifestó que el fuero no debe ser un impedimento para poder sustanciar procesos penales en contra de todos aquellos servidores públicos que tuvieran ese beneficio.

Con ello, se busca que existan dos principios: el de igualdad ante la ley y el de la imparcialidad de la justicia, que implican que no debe existir ninguna distinción cuando se cometa una falta o conducta contraria a derecho.

De esta forma, en el artículo 108 constitucional se amplía el catálogo de delitos por los cuales ahora que el Presidente de la República podrá ser imputado y juzgado, no solo por traición a la patria, sino por otros delitos.
Por lo que correspondiente al artículo 111 de la Constitución, se mantiene la redacción para proceder penalmente contra el presidente de la República, solo se incluye que habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores que será la que tendrá que resolver con base en la legislación penal aplicable.

La diputada Aleyda Alavez comentó que con esta reforma se pretende dar un paso hacia la eliminación del fuero de los altos servidores públicos, concretamente de la figura del presidente de la República, de modo que constituya un mecanismo que en los hechos desestimule la impunidad, pero, sin que ello favorezca la persecución política del servidor público ni impacte la estabilidad de la función que desempeña.
“No existiría entonces persecución política ni se entorpecería el ejercicio de los órganos del Estado, de esta manera, por una parte, se protege el cargo y, por otra, no existirá necesidad de esperar a que el imputado termine con el encargo público para que inicie el proceso o se resuelva el mismo”, preciso.
El panista José Elías, cuya bancada votó a favor, considero que estos cambios constituyen un avance mínimo.
“Creo que amplía posibilidades jurídicas que son buenas, pero faltan a la verdad quienes anuncian desde esta tribuna, aprovechándose de tanta formalidad y con tanta alabanza al Presidente de la República, que se le está retirando el fuero.
“Esto es una mentira, no es disimulo, es mentira. El fuero es simplemente el proceso de destitución, es la necesidad de la declaratoria de procedencia, a eso se le conoce como el fuero, es que las Cámaras tengan que intervenir para poder procesar, para poder proceder penalmente contra alguien”, dijo.
Cruz Juvenal Rosa Sánchez, del PRI, manifestó que el fuero persiste como mecanismo de protección, ante posibles abusos o falsos testimonios que pudieran surgir como efectos perversos de la lucha por el poder político.
“Los integrantes del Grupo Parlamentario del PRI, coincidimos en que los delitos que más afectan y ofenden a la sociedad, deben ser castigados, independientemente de que se trate de un ciudadano común o del Presidente de la República”, refrendó Roa Sánchez.
El perredista José Guadalupe Aguilera Rojas advirtió que es insuficiente mientras no se combatan en la ley y en los hechos la corrupción y la impunidad, lo cual no ha hecho la actual Administración Pública Federal.

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