Yvonne Reyes Campos
El pleno de la Cámara de Diputados exhortó a los gobiernos federal, estatales y municipales a fin de que implementen estrategias y acciones para evitar que la población se siga haciendo justicia por propia mano al linchar a presuntos delincuentes.
Asimismo, los legisladores solicitaron al gobierno federal destine, inmediatamente, mayores recursos económicos, logísticos y de seguridad a los municipios y localidades que requieren atención urgente al enfrentar una situación de riesgo de inseguridad e ingobernabilidad.
Mediante un punto de acuerdo avalado por mayoría, la diputada María Rosete, del Partido Encuentro Social, indico que la aplicación de la justicia por propia mano, no sólo demuestra la crisis de la impartición de justicia, sino vulnera los derechos de los acusados y afecta el tejido social.
Recordó que en lo que va del año, 25 personas han sido linchadas y otros 40 intentos fueron frustrados, de acuerdo información de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Las entidades con mayor número de linchamientos registrados son el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Oaxaca.
Además, refirió que un estudio del Senado de la República señala que, en la mitad de los casos de linchamiento, las personas cometieron el delito de robo; el 16 por ciento atropellaron a alguien o tuvieron un accidente de tránsito; y un 0.7 por ciento fueron acusados de cometer violación, asesinato o secuestro.
“Desafortunadamente y lo más preocupante es que, la raíz de los linchamientos tiene que ver con algunas noticias y mensajes falsos o rumores que han circulado a través de la red (sociales en Internet) sobre supuestos secuestros de niños, y las víctimas eran inocentes”, externó.
Manifestó que el hartazgo social por la inseguridad y por las actividades de la delincuencia organizada ha sido un método de control social ante la ingobernabilidad y la deficiencia de las corporaciones policiacas.
“La Cámara de Diputados exhorta respetuosamente a los titulares de los gobiernos de las entidades federativas y de los ayuntamientos, a garantizar el Estado de derecho y a tomar las acciones necesarias para prevenir y detener los actos de linchamiento”, se destaca en el punto de acuerdo impulsado por la legisladora pesista.
