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Jueves 02 de Julio 2020
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El acuerdo de AMLO que militariza la seguridad nacional es inconstitucional: MCCI

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17 de Mayo 2020

El acuerdo emitido el pasado lunes 11 de Mayo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es susceptible de ser impugnado e invalidado por el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Según la Organización Civil Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el despliegue militar ordenado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, es violatorio de la Constitución.

Ya que otorga a las Fuerzas Armadas, una participación en tareas de Seguridad Pública que no está regulada ni acotada y contradice lo aprobado por el Constituyente Permanente en marzo de 2019, cuando se creó la nueva Guardia Nacional (GN).

Por ello al ser inconstitucional, el acuerdo emitido el pasado lunes 11 de Mayo, en el Diario Oficial de la Federación (DOF), es susceptible de ser impugnado e invalidado por el Poder Judicial de la Federación (PJF).

Así lo señala un análisis jurídico elaborado y dado a conocer este domingo por “Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad”.

Según MMCI, el contenido de la Constitución sobre el despliegue militar, por mandato constitucional, las Fuerzas Armadas, integradas por el Ejército, la Marina de Guerra y la Fuerza Aérea Mexicana, sólo deberían estar encargadas de la “Seguridad Nacional”, misma que se refiere a la defensa del Estado mexicano frente amenazas externas que pongan en riesgo su existencia como, por ejemplo, una guerra con otro país.

La Constitución Política mexicana, reserva las funciones de “Seguridad Pública” únicamente a instituciones de carácter civil, esto es, Policía Federal (ahora Guardia Nacional) y Policías Estatales y Municipales.

MCCI, destaca que durante el sexenio del Presidente Felipe Calderón, salieron los militares a la calle para iniciar la llamada “Guerra contra el Crimen Organizado”, desde entonces, ese momento se han presentado diversas estrategias para intentar regularizar la intervención de las Fuerzas Armadas, en cuestiones de seguridad pública, la utilización de medidas de guerra en contra de ciudadanos mexicanos y la implementación de regímenes de persecución penal especiales que permiten violar derechos humanos.

El último intento fallido fue la “Ley de Seguridad Interior”, impulsada por el entonces Presidente Enrique Peña Nieto, esta ley fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pues violaba derechos humanos y principios fundamentales previstos en la Constitución.

Por su parte, el 23 de marzo de 2019, el actual Jefe del Ejecutivo Federal, Andrés Manuel López Obrador y el Constituyente Permanente lograron avanzar la militarización de la seguridad pública en el ordenamiento jurídico a través de la Reforma Constitucional que creó el nuevo cuerpo de seguridad denominado Guardia Nacional (GN).

Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, advierte que al hacer esta Reforma en la Constitución y no sólo en una ley ordinaria, la SCJN no se encuentra facultada para revisar las normas aprobadas para proteger la intervención militar, pues su competencia se limita a normas de jerarquía inferior a la Carta Magna.

Sin embargo, la militarización aprobada en la Reforma Constitucional no es permanente, ordinaria y generalizada en todo el territorio mexicano.

Por ello, existe una enorme diferencia entre el despliegue de la GN, una institución de carácter civil/militar, con sus propias leyes reglamentarias que permiten cierto control y rendición de cuentas, y el despliegue de las Fuerzas Armadas, sin reglas ni controles, como el que ordenó el pasado lunes Andrés Manuel López Obrador.

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