El senador priista, Manuel Añorve Baños denunció que, con el Departamento de Estado de los Estados Unidos de América, el Gobierno de México no cumplió con los estándares mínimos en varias áreas clave indispensables para lograr la eliminación de la trata de personas en el país.
Dijo que, de acuerdo con la instancia estadounidense, el actual gobierno mexicano tomó medidas limitadas para investigar y enjuiciar los delitos de trabajo forzoso.
Ejemplo de ello, agregó, es que el gobierno identificó que los estados de Veracruz, Tlaxcala y Guerrero tenían una alta prevalencia de trata; sin embargo, a estas entidades no se asignaron fondos federales de asistencia a las víctimas requeridos por la Ley.
Lo anterior se sumó al hecho de que empleó de manera sistemática un enfoque centrado en las víctimas, por lo que los servicios generales para ellas fueron inadecuados.
Por ello, Manuel Añorve presentó este miércoles ante la Comisión Permanente una iniciativa de reformas para homologar el contenido de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con la Ley General de Educación, para que en esta última también se encuentre plasmada textualmente, la obligación de incluir en los planes de estudios de todo el país, algún módulo específico sobre trata de personas y cómo prevenirla, detectarla y denunciarla.
En su iniciativa el senador guerrerense reconoce que la trata de personas es uno de los delitos más lucrativos del mundo en el que, se estima, uno de cada cuatro víctimas es menor de 18 años y es considerada como una forma de violencia de género que afecta principalmente a las mujeres y niñas, las cuales constituyen 99 por ciento de las víctimas en la industria sexual comercial y 58 por ciento de las personas tratadas en otros sectores.
Asegura que, de acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los tratantes reclutan explotan a mujeres y niños mexicanos y, en menor medida, a hombres y personas transgénero para la trata sexual en México y en Estados Unidos, haciéndoles falsas promesas de empleo o de relaciones románticas, o mediante extorsión.
Por lo anterior, Añorve Baños destaca necesidad de dar respuestas con propuestas educativas integrales, incluidas en las políticas sociales y educativas que contemplen, intervenciones tanto en el plano académico (inclusión en la formación de profesionales e investigaciones desde diferentes áreas de conocimiento sobre sus causas y consecuencias), como en la acción profesional en diferentes contextos y colectivos (información, concienciación, prevención, reincorporación, acompañamiento, ante estos hechos que suponen un atentando a los derechos humanos.
En este sentido es que propone homologar el contenido de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas, con la Ley General de Educación para fomentar la prevención de los delitos en materia de trata de personas, reforzando la enseñanza de formas de autocuidado, comprensión de la problemática desde una perspectiva de género y opciones de denuncia segura para las y los alumnos.
