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Domingo 08 de Diciembre 2019
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EL PAN y el PRD alistan la expulsión y juicio político de los diputados traidores de Baja California

Foto: Internet

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12 de Julio 2019


EL PAN y el PRD alistan la expulsión y juicio político de los diputados traidores de Baja California.

El presidente de la Comisión Nacional de Orden y Disciplina del PAN, Carlos Castaños Valenzuela, informó que dentro de un mes se concretará la expulsión del partido los diputados locales y otros funcionarios de esa entidad, que votaron la ampliación del periodo del gobernador electo de la entidad, Jaime Bonilla.

Por su parte, el diputado del PRD, Antonio Ortega Martínez, dio a conocer que su grupo parlamentario promoverá en los próximos días un Juicio Político contra las y los legisladores de los partidos que votaron en el Congreso de Baja California a favor de modificar la Constitución para que Bonilla gobierno cinco años no dos para los que fue electo.

“En la Cámara de Diputados federal vamos a iniciar juicio político contra todos los diputados de todos los partidos que votaron a favor de esta grave violación a la ley, a la Constitución local y al Estado de derecho y vamos a solicitar la destitución del cargo por la burla que hicieron y el engaño que hicieron contra los ciudadanos de Baja California”.

El panista Castaños Valenzuela, indico que el proceso de expulsión de los panistas va a ser por haber traicionado al partido y a los bajacalifornianos y que todo el procedimiento tardará aproximadamente un mes.

Dijo que a los acusados se les dará la oportunidad de exponer sus argumentos del porque actuaron de esa manera, pero insistió en que evidentemente hubo traición.
“Esto va a llevar aproximadamente un mes y estamos programando todo en la Comisión de Orden del partido para que en ese tiempo podamos resolver escuchando los derechos de los acusados, sin embargo, traición al PAN la hubo, pero sobre todo y más importante hubo traición a los bajacalifornianos y ellos votaron por un próximo gobernador de dos años, los ciudadanos no votaron por alguien de cinco años, además fue un acto inconstitucional”, argumento Carlos Castaño.

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