Luego de que autoridades le restringieran las visitas y llamadas telefónicas en su arresto domiciliario, Elba Esther Gordillo presentó una queja ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a sus derechos fundamentales.
La defensa de la ex lideresa magisterial advirtió que el endurecimiento en las medidas de seguridad es para mantener un control y no para garantizar su integridad, lo que es arbitrario y viola sus derechos humanos.
“Es evidente el carácter de persecución política que enfrenta la maestra, ya que estas medidas de control están directamente relacionadas con la adherencia a un candidato a la Presidencia de la República de su yerno y nieto (Fernando González y René Fujiwara, respectivamente), lo que gestó especulaciones sobre sus propias decisiones, a pesar del prudente silencio de años que ha guardado la maestra”, señaló en un comunicado el despacho jurídico Del Toro Carazo Abogados.
El 14 de febrero el abogado Marco Antonio del Toro señaló que a petición de la Procuraduría General de la República (PGR), un juez federal limitó las visitas a Gordillo así como sus comunicación telefónicas o electrónicas ya que considera que su influencia moral como líder sindical podría “desestabilizar la paz y seguridad del Estado mexicano”.
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