En 11 años, consolidación del nuevo sistema penal

 

Se requieren por lo menos 11 años para la consolidación del Sistema Penal Acusatorio, siempre y cuando las autoridades responsables tomen las acciones adecuadas, advirtió el Centro de Investigación para el Desarrollo, en su informe “Hallazgos 2016: Seguimiento y evaluación de la operación del sistema de justicia penal en México”.

Sin embargo, en estados como Guerrero, donde se han presentado mayores problemas de gobernabilidad y seguridad pública, se tiene una proyección de 40 años para que el sistema penal se pueda consolidar, pues la aplicación del sistema penal es casi nula.

Durante la presentación del estudio en el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), María Novoa, directora del Área de Justicia de CIDAC, lamentó que la sustentabilidad del Sistema de Justicia Penal Acusatorio esté en riesgo, en gran parte por las deficiencias institucionales de las procuradurías y las policías, que no cuentan con las capacidades de investigación criminal necesarias para llevar a los criminales ante la justicia y por las fallas de coordinación entre ambas.

A un año de su entrada en vigor, indicó, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio todavía requiere de reformas legislativas para su consolidación que corren el riesgo de ser desvirtuadas por una iniciativa que plantea retrocesos en sus normas y principios, como lo es volver a agravar algunos delitos como lo es la portación de armas, el robo de hidrocarburos y otro tipo de robo sin violencia.

Destacó la ausencia de esfuerzos de mejora continua con el objetivo de consolidar el Sistema de Justicia Penal Acusatorio, así como la falta de coordinación y planeación integral en la operación del mismo, tanto en el ámbito federal como en el local.

Lamentó que no haya una instancia a nivel federal y estatal que pueda evaluar en términos generales la aplicación del sistema acusatorio, y los datos que se han obtenido es por trabajos aislados y por el cruce de información entre diversas instancias, y por el momento no hay quien pueda regular, supervisar y coordinar dichos esquemas.

Destacó que la figura de la Secretaría Técnica (Setec) quedó disuelta el 16 de junio pasado, y lo que era su trabajo pasó a formar parte del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que no es la instancia más adecuada, por las deficiencias técnicas y de criterios para llevar un control del sistema adversarial

El documento que analiza la operación del sistema a nivel federal, también presenta un tabulador de los estados en función de su avance en la consolidación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, en el que Guanajuato, Chihuahua y Baja California destacan en las tres primeras posiciones.

Por la tarde, la organización #JusticiaSinBarreras demandó a las autoridades ser más autocríticas en la aplicación del sistema antes de llevar a cabo las reformas legislativas que anunció el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera Espinosa, como parte de las propuesta de la Confederación Nacional de Gobernadores (Conago).

Catedráticos de la Escuela Libre de Derecho y representantes de la sociedad civil se manifestaron contra agravar de nuevo ciertos delitos y negaron que el nuevo sistema sea una “puerta giratoria” que permita a más delincuentes salir de la cárcel, y lo peor que le podría suceder a la justicia en México es regresar al Sistema Mixto Inquisitivo.

Los representantes de diversas organizaciones civiles y estudiosos del derecho, como Gabriela Ortiz; María Novoa, Leticia Aguilar, Bertha Alcalde, Martín Carlos Sánchez, entre otros, consideraron que los argumentos de las autoridades para señalar que el aumento de la incidencia delictiva es responsabilidad del Sistema Penal, es una reflexión simplista carente de contenido y metodología científica que lo único que busca es justificar su ineficiencia en la preparación de los servidores públicos encargados de la aplicación de sistema adversarial.

Por ello, no quieren entrar en un debate de autocrítica y profundizar en el tema, porque deben explicar dónde están los recursos que les fueron destinados tanto en partidas estatales como federales para el equipamiento, adquisición de tecnologías y preparación de operadores.

Si no funciona correctamente el nuevo Sistema de Justicia Penal, expusieron, es porque las procuradurías y policías carecen de capacidades de investigación para llevar a los criminales ante la justicia, además de la ausencia de políticas públicas efectivas para la prevención del delito.

FRASE

El sistema acusatorio descansa sobre la premisa de que el proceso penal debe operar sobre la base de estándares de razonabilidad, de acuerdo con objetivos procesales bien definidos que quienes lo operan deben saber articular en su quehacer cotidiano. Se trata de un modelo orientado a resultados y no al cumplimiento automático de formas”.

María Novoa, integrante de CIDAC