En marcha, la creación del Código Penal Único

Gerardo Laveaga Rendón, director del Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), informó que en dicha institución se desarrolla el proyecto del Código Penal Único, con el que se busca homologar la sanción y los tipos penales en toda la República. Con ello se reforzaría el trabajo de los agentes del Ministerio Públicos y jueces locales y federales dentro del nuevo Sistema Penal Acusatorio.

“En el Instituto Nacional de Ciencias Penales estamos trabajando en un proyecto de un Código Penal Único, el cual primero tendrá que pasar a la Procuraduría General de la República; a la Consejería Jurídica del Gobierno de la República y, posteriormente, a las cámaras para su posible aprobación, es sólo un punto de partida, pero por alguna parte tenemos que comenzar”.

“Es un código que tiene tres partes básicas, una parte general, una parte especial donde se aborda delito por delito que debe ser sancionado (una conducta antijurídica) y una parte internacional que incorpora todas las innovaciones que se han hecho en el mundo en materia penal”, explicó.

Dijo el objetivo es que haya un criterio unificado para tipificar, sancionar y perseguir los delitos en todo el territorio nacional, y evitar confusiones al momento de empatarlo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, que ya es uno para todo el país desde que entró en vigor el Sistema Penal Acusatorio.

El Código Penal es el reglamento donde se establecen las conductas antijurídicas o delitos, y las penalidades o sanciones que se deben aplicar con respecto de cada una de las faltas y su gravedad.

“De lo que se trata es que todos los delitos sean castigados (dependiendo del delito que se trate) para Veracruz, Yucatán, Chiapas, Sinaloa, Sonora, Chihuahua, entre otras entidades. Hoy en día hay delitos que se persiguen en Sonora pero no en Sinaloa, o delitos en Veracruz que se castigan más que en Colima; somos un país, somos una nación, y no se puede decir aquí vale más la vida de una persona y aquí vale menos; aquí un

robo vale cinco y aquí 10”.

“No es posible que un delito sea más grave en Campeche que en Querétaro, y privar de la vida a una persona es tan castigable y se debe aplicar todo el peso de la ley, lo mismo en Oaxaca que en Guanajuato, detalló el catedrático”.

Por ejemplo –agregó– el abigeato, delito que consiste en el robo de ganado, el cual prevalece en zonas agrícolas y ganaderas del país, pero no en entidades urbanizadas como la Ciudad de México, en estos casos aunque lo contenga el Código Penal Único no se aplicará donde no se comete, pero será válido para todos los estados que conforman la República.

“Pues la idea es que los instrumentos jurídicos estén disponibles para aplicarse cuando se necesiten, y en zonas donde no se requieren pues simplemente no se utilizarán. Dijo que la consolidación de este proyecto de homologar el tipo de delito y número de años de condena para castigarlo, sea cual fuere el territorio, depende de los diputados y senadores para que sea elevado a rango de ley y se aplique en el territorio nacional.

“Eso depende de que los diputados y los senadores lo aprueben, ellos son los que hacen la ley, nosotros hacemos la propuesta, nosotros somos académicos, y de ellos, los del Poder Legislativo depende si la aprueban”.

Como parte de las conclusiones de la Consulta Nacional Sobre el Modelo de Procuración de Justicia, realizada por el Inacipe, el Centro de Investigación y Docencia Económicas y la Universidad Nacional Autónoma de México, se estableció que entre las reformas consitucionales que se sugieren está la de emitir un código único para evitar la impunidad dentro del sistema penal.

El artículo 73 de la Constitución otorga facultades al Congreso de la Unión para expedir un Código Penal Único y generar una mejor articulación en los ámbitos de competencia federales y estatales en materia penal.

“Desde el punto de vista legislativo el derecho penal enfrenta una grave crisis. La redacción de nuevos delitos y las modificaciones a los existentes son una práctica que se reproduce en todas las legislaturas. Para agravar el problema, se ha recurrido a la cuestionable práctica de crear tipos penales en leyes especiales, con la consecuente dispersión de la materia penal. Con frecuencia se recurre al derecho penal como si fuera la única opción”, fue una de las conclusiones de la consulta.

Por ello, la urgencia de emitir un código único que acabe con las interpretaciones de acuerdo con los intereses de cada una de las personas que las aplican, y se ciñan a un norma nacional que acabe con estos vacíos de autoridad.

Avance tambaleante

Empresarios y especialistas en materia de seguridad de la Ciudad de México consideraron que el Sistema Penal Acusatorio avanza de manera “tambaleante” por lo que debe sufrir cambios ante las

equivocaciones del Legislativo local, donde a nueve meses de estar en marcha, no se ha incluido la capacitación de los cuerpos policiacos, agentes del Ministerio Público, jueces, abogados, y persiste la falta de personal en las instancias de administración y procuración de justicia.

María de los Ángeles Fromow Rangel, quien fungiera como titular de la

Secretaría Técnica para la Implementación del Nuevo Sistema Penal Acusatorio, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, insistió en lo que ya ha sido su tema recurrente: la urgente necesidad de lograr la completa coordinación de todos los actores con el SPA, desde los policías, pasando por peritos, agentes del Ministerio Público y

jueces.