En México no puede haber poderes absolutos: presidente de CNDH

México, 24 Jun (Notimex).- El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió que en México no puede haber poderes absolutos.

Al presentar su informe de labores 2018 ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), afirmó que las autoridades de los tres órdenes de gobierno, así como los poderes públicos, con independencia de filiaciones o intereses políticos, deben sujetar sus actos a lo previsto en la Constitución y sus leyes.

El ombudsman nacional ha criticado temas como la austeridad que impulsa el gobierno federal y que, señala, afecta el sector salud, instancias infantiles y refugios para mujeres víctimas de violencia, así como el de la Guardia Nacional.

De igual manera, a principio del mes en curso lamentó la falta de espacio para entregar su informe al Ejecutivo Federal.

En su discurso ante los ministros, afirmó que el Poder Judicial de la Federación y la CNDH, como partes integrantes del sistema institucional y democrático de pesos y contrapesos previstos por la Constitución, son la mejor garantía que tiene la sociedad mexicana de que la verdad y la justicia son posibles y accesibles para cualquier persona.

Corresponde al Poder Judicial la responsabilidad de que la ley se aplique y prevalezca, y a los organismos públicos de protección y defensa de los derechos humanos que estos se respeten y sus trasgresiones sean evidenciadas y denunciadas.

En sesión solemne de la SCJN, el ombudsman aclaró que la Constitución establece límites al poder, uno de los cuales es precisamente el reconocimiento y respeto de los derechos humanos.

“Aún ante situaciones que requieren una atención urgente como lo son los problemas de violencia e inseguridad que enfrenta nuestro país, los derechos fundamentales de las personas no pueden ser violentados”, subrayó.

Refrendó que nadie puede oponerse a que se revisen las estructuras del poder, a que se investiguen y sancionen los actos de corrupción, se abata la impunidad y se haga un mejor ejercicio de los recursos públicos.

Sin embargo, aclaró que la consecución de esas metas, no puede implicar que se vulneren derechos; que los contenidos de las leyes se vuelvan objetos de negociación para atender no al mayor y mejor interés de las personas, sino a postulados o premisas políticas e ideológicas.

Incluso que debiliten, vuelvan ineficientes o inoperantes a las instituciones democráticas; que el servicio público se degrade y pauperice la función pública, en aras de económicas de corto plazo que propicien que se pierda la capacidad, formación y conocimiento de las personas.

González Pérez advirtió que los mexicanos no podemos optar por distanciarnos o considerar algo secundario en el cumplimiento de la ley y el respeto a las institucionalidad democrática.

El cumplimiento y aplicación de la ley, así como el reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos, no pueden atender a intereses o coyunturas políticas o electorales.

“Ante cualquier abuso de poder u omisión por parte de las autoridades que vulneren la esfera jurídica de las personas, los mexicanos cuentan con garantías efectivas para hacer valer sus derechos, mediante normas e instituciones cuya encomienda esencial es la vigencia de la legalidad y el respeto de la dignidad de las personas”, subrayó.

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