Especialistas tienen ideas encontradas sobre fuero constitucional

La propuesta de eliminar el fuero constitucional provoca reacciones encontradas entre los especialistas en derecho constitucional.

Gabriel Regino, ex subsecretario de Seguridad Pública en la Ciudad de México, considera que es una medida adecuada y oportuna para mejorar el servicio público en México.

“En las últimas décadas ha sido utilizado como capa de impunidad que le ha permitido a muchos eludir investigaciones y procesos penales relacionados con sus actividades”.

Puso como ejemplo el caso del exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, quien si no hubiera sido investigado cuando ostentaba el cargo de mandatario estatal, podría haber alcanzado un escaño o una curul y no enfrentaría a la justicia, pues cuando concluyera su gestión los delitos podrían haber prescrito, por ello el fuero se convierte en un refugio de impunidad, señala Regino.

Sin embargo, advierte que la reforma al fuero constitucional debe ser cuidadosa, pues la propuesta que ha presentado Andrés Manuel López Obrador lleva un germen que puede ser muy peligroso, la prisión preventiva oficiosa para quienes cometan delitos electorales.

Esto podría llevar a una auténtica cacería de brujas en contra de los opositores al régimen o aliados del partido o político en el poder.

Por eso, Roberto Duque, académico de la UNAM, estima que es una medida que quizá ponga en riesgo la democracia en México y el equilibrio entre los poderes de la unión. “Es un buen ejemplo de una medida populista, porque le suena bien a muchas personas, pero que entraña riesgos altos para el país”.

El fuero constitucional existe para lograr el equilibrio entre los poderes y está “en contra de la arbitrariedad, en contra del autoritarismo, en contra de la persecución política, no es una licencia para delinquir. El fuero constitucional bien regulado, como lo hacen las democracias más saludables del mundo, no representa una licencia para cometer actos ilícitos ni un manto de impunidad”.

Origen colonial

La medida adoptada desde el Constituyente de Cádiz en España, durante la intervención francesa a España, pasó a la América independiente y en México fue adoptada por el Constituyente de 1824.

Años más tarde, el presidente Juárez incorporó el espíritu de protección a los legisladores, que eran perseguidos por sus ideas contrarias a los regímenes en turno, y fueron asentadas en la Constitución de 1857, y casi copiada sin cambios en el Constituyente del 17.

Como “fuero”, apareció por primera vez en la reforma de 1977, cuando se incluyó a otros funcionarios, miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consejeros de la Judicatura Federal, diputados,magistrados de tribunales superiores de justicia, presidentes municipales. Luego se incorporaría a los integrantes del Instituto Nacional Electoral y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De acuerdo con el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados mil 825 funcionarios gozan de esta protección constitucional.

Sin embargo, desde la época posrevolucionaria hasta nuestros días, sólo nueve personas han sido sometidas a proceso de desafuero.

Pero donde ha habido mayor actividad en este ámbito es en los últimos 15 años, cuando fueron desaforados, entre otros, el virtual ganador de los comicios, Andrés Manuel López Obrador, así como René Bejarano Martínez, quien era diputado de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Julio César Godoy Toscano, diputado electo que ingresó a San Lázaro escondido en una cajuela y luego permaneció oculto en la oficina de Alejandro Encinas, propuesto como subsecretario de Gobernación, y Lucero Sánchez, conocida como la “Chapodiputada”, por haber falsificado su credencial del INE para ingresar al penal del Altiplano a fin de reunirse con Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

Ideas viejas

La propuesta de Andrés Manuel López Obrador de terminar con el fuero no es nueva, en los últimos tres años, en la Cámara de Diputados se presentaron 32 solicitudes de modificación, e incluso abolición del fuero constitucional. Ninguna se dictaminó y por ello se encuentran en la “congeladora legislativa”.

Entre 2003 y 2017 se habían presentado 356 solicitudes de desafuero. El periodo de 2007 al 2009 fue en el que más solicitudes se presentaron ante el Congreso.

Además, desde 2017 las legislaturas estatales comenzaron a eliminar el fuero, Jalisco fue la primera entidad en quitar esa protección. Al momento suman 12 estados que han abolido el fuero constitucional para todos sus funcionarios, en otros dos, la eliminación fue parcial (Morelos y Veracruz) y en la Ciudad de México entrará en vigor a partir de septiembre próximo.