Especialistas y legisladores a favor de la reforma al Poder Judicial

Magistrados, investigadores y especialistas en materia de derecho penal urgieron a la Cámara de Diputados no aplazar por más tiempo las reformas al Poder Judicial de la Federación, en materia de acceso a la justicia.

En un foro de parlamento abierto convocado por las Comisiones de Puntos Constitucionales y de Justicia, legisladores y especialistas analizaron la minuta de reformas a los artículos 94, 97, 99, 100, 105 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a través de las cuales se busca fortalecer a dicho poder y que fue remitida por el Senado de la República.

El magistrado en el Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, José Alfonso Montalvo Martínez, dijo que, si bien la propuesta busca consolidar a la Corte como Tribunal Constitucional, abre una puerta para que el máximo Tribunal distraiga gran parte de sus esfuerzos y recursos sólo para resolver si proceden o no los procesos de impugnación.

Ante ello, consideró vital limitar los casos que realmente conlleven a un pronunciamiento, por lo que la impugnación debe ser vista como una vía de protección de los derechos que se complementará con la jurisprudencia y que la decisión emitida por el Corte no sea discrecional ni arbitraria, pues tendrá que realizar un acuerdo exponiendo los motivos de su fallo.

Fabiana Estrada Tena, coordinadora de asesores de la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que la propuesta es de trascendental importancia, porque su aprobación puede tener un enorme impacto en el sistema jurídico y contribuir a una mejora de la vida pública en nuestro país.

La coordinadora del Programa de Transparencia de Justicia y Proyectos Especiales de México Evalúa, Laurence Pantin, consideró necesario incorporar la obligación del concurso de oposición para el personal de los juzgados y tribunales, aunque aseguró que la reforma tiene medidas incompletas para combatir la corrupción y el nepotismo.

El especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Miguel Carbonell Sánchez, indicó que esta reforma va en la dirección correcta, pues contribuye al desarrollo constitucional; no obstante, planteó la necesidad de modificar el nombramiento de ministros y aprobar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ya que el 66 por ciento de todos los procesos judiciales son en esta área.

Asimismo, pidió al Congreso no aplazar por màs tiempo estas reformas al Poder Judicial
Francisca María Pou Giménez, profesora de tiempo completo del Departamento de Derecho del Instituto Tecnológico Autónomo de México, sugirió modificar las reglas de disciplina hacia jueces y magistrados que no aplican jurisprudencia, porque atenta contra su independencia, así como cambiar la parte donde dice que la Corte podrá emitir recursos en amparo directo, cuando haya interés excepcional en materia constitucional de derechos humanos y el sistema contenga un lenguaje simplificado.

Hugo Alejandro Concha Cantú, director de la revista de la Reforma Judicial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, dijo que es importante que haya mejores sentencias, ya que no se puede pasar al sistema de jurisprudencia con esos precedentes porque “son largas y confusas; a la ciudadanía hay que darle mejores sentencias por parte de los jueces”.

Por su parte, la aun vicecoordinadora de los diputados de Morena, Tatiana Clouthier, afirmó que los mexicanos estamos “urgidos” de una mejor impartición de justicia.

Mientras la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales, la Aleida Alavez destacó que es una reforma congruente con la lucha en contra de la injusticia y la impunidad.

Agregó que estas reformas son de gran calado e históricas, ya que buscan fortalecer a la Suprema Corte Justicia de la Nación como Tribunal Constitucional, con la finalidad de acercar, de manera pronta y expedita, la justicia a todas y todos los mexicanos.

Para ello, se propone crear un sistema novedoso para los mexicanos, adoptando el sistema de “Precedentes Judiciales”; Se depura la materia de las Controversias Constitucionales, eliminando las cuestiones de legalidad; se amplía la facultad de promover controversias constitucionales por parte de los Órganos Constitucionales Autónomos Locales y se fortalece la declaratoria general de Inconstitucionalidad.

Además se restringe la procedencia del Recurso de Revisión en Amparo Directo, y se elimina la posibilidad de impugnar los acuerdos del Presidente cuando determina desechar un recurso de esta clase.

Asimismo, se eliminan los Tribunales Unitarios de Circuito y son sustituidos por los Tribunales Colegiados de Apelación; se cambia la denominación de “Contradicción de Tesis” por el de “Contradicción de Criterios”; También se elimina el Recurso de Revisión Administrativa del que conoce la Suprema Corte y se concede tal facultad al Consejo.

Y se fortalece la facultad reguladora de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en lo que se conoce como “Facultad Autorreguladora”.