Estrategia de seguridad, si es que la hay, no está funcionando: senadores del PAN
Además, consideraron que no garantiza que las tareas que en materia de seguridad pública realice la Fuerza Armada estén bajo un mando civil, sino todo lo contrario.
El decreto publicado por el Ejecutivo federal para usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública es inconstitucional y arbitrario, porque no cumple con las condiciones establecidas para ello en la reforma aprobada por el Congreso en 2019, denunciaron las y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN).
“El Decreto confirma lo que hemos venido señalando: la estrategia de seguridad, si es que la hay, no está funcionando”, sostuvieron.
Recordaron que en su momento los legisladores de Acción Nacional le dieron la confianza al presidente, “aprobamos la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional que estableció, en su régimen transitorio, que por hasta 5 años el Ejecutivo podría disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública, pero de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, explicaron en conferencia de prensa virtual.
Estas condicionantes fueron establecidas y clarificadas previamente por la Corte Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, nada de ello se respeta en el decreto del 11 de mayo del 2020, por el cual el Ejecutivo pretende regular la participación de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública porque no plantea los elementos de excepcionalidad bajo los cuales la Fuerza Armada permanente podrá entrar a tareas de seguridad pública.
No se trata de una regulación a nivel de ley, es decir, emitida por el Legislativo, sino de una norma reglamentaria. Por lo tanto, el decreto es inconstitucional, ya que se arroga una atribución que corresponde a otro Poder del Estado
Además, consideraron que no garantiza que las tareas que en materia de seguridad pública realice la Fuerza Armada estén bajo un mando civil, sino todo lo contrario.
El decreto, por tanto, es inconstitucional y arbitrario, pues se arroga atribuciones correspondientes al Congreso, y pone en manos del Ejército tareas que constitucionalmente corresponden a la autoridad civil, afirmaron los senadores.
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