Tras la denuncia del presidente de la República sobre algunos candidatos que utilizan “tarjetas” para promover el voto, el senador Ricardo Monreal Ávila advirtió que ese es un delito electoral que “no sólo amerita la cancelación del registro, sino la privación de la libertad, sin derecho a fianza”, ya sean candidatos, gobernadores, presidentes municipales o funcionarios públicos.
Días antes, el consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, aseguró que la entrega de tarjetas sin recursos es recurrente por parte de candidatos de partidos y no es violatorio de la ley, acción validado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En respuesta, Ricardo Monreal aseguró que los consejeros del INE no tienen facultades para calificar o determinar si hay o no delitos, por lo que los llamó a no invadir funciones del Ministerio Público y advirtió que los consejeros están a tiempo de “no seguir abusando y alejándose del principio de legalidad”.
En Tlaxcala, durante la presentación de su libro “Nulidades y procedimientos sancionadores en materia electoral”, el senador por Morena expuso que es muy delicado que algunos de los consejeros del INE consideren que utilizar “unos cartoncillos o plásticos”, para prometer beneficios a cambio del voto, no amerita la cancelación del registro.
“No queremos a un INE y a un TEPJF como parte del proceso, los queremos como árbitros imparciales y profesionales. No queremos que el INE se convierta en la contraparte de Morena y no queremos que actúen facciosamente en contra nuestra”, afirmó al señalar que la conducta antijurídica de los ciudadanos que la cometen no es el INE, es el Ministerio Público y, en todo caso, el juez de control.
El coordinador de Morena convocó a las autoridades a no dejar pasar a los delincuentes electorales con trampas y compra del voto. “Hoy, hay que defender el voto libre de los ciudadanos y de las ciudadanas”.
Recordó que no es la voluntad ni la descripción de un funcionario lo que define el tipo penal, sino los legisladores, en este sentido el Congreso definió, en el artículo 19 constitucional y en el Código Nacional de Procedimientos Penales, que es delito grave el uso de los programas sociales con fines electorales, “sin beneficio de la libertad”.
Es decir, el reparto de despensas o la expedición de tarjetas con la promesa de recibir beneficios a cambio del voto, para tergiversar la voluntad popular.
Todo aquel que usa programas sociales con estos propósitos comete un delito electoral grave, que debe judicializar de inmediato el Ministerio Público y el juez el control ordenar su comparecencia y detención, acotó el legislador zacatecano.
El líder de la mayoría legislativa en el Senado sostuvo que este proceso electoral será el más limpio de la historia, a pesar de los “mapaches electorales”, de los gobiernos estatales que manejan programas sociales y de los funcionarios que intentan mantenerse en el poder en contra de la voluntad popular.
