Falta de autonomía agrava crisis de justicia

Hay una crisis grave en el sistema de impartición y procuración de justicia en México derivada de la impunidad y la falta de credibilidad en las instituciones, que se refleja en la ausencia de un modelo homologado de organización, gestión y operación, señalaron especialistas.

Durante la presentación de las conclusiones de la Consulta Nacional Sobre el Modelo de Procuración de Justicia, consideraron que uno de los puntos más evidentes es que la PGR no se ha transformado en una fiscalía general, como ordena la ley.

En consecuencia, no se ha nombrado al fiscal general, lo que genera una falta de autonomía donde los fiscales, en muchos estados, no están avalados en su cargo por un servicio de carrera, sino que ocupan el puesto por nombramientos del titular en turno, lo que genera compromisos.

Con la ausencia de los representantes del Poder Legislativo federal fue presentado el informe, elaborado por personal de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), donde se destacó que el problema no está en los jueces, sino en la integración de las carpetas de investigación y la labor de los agentes ministeriales.

“La autonomía institucional no depende exclusivamente de la condición de la cabeza de la institución, sino que es la suma de las autonomías de cada una de las personas que desempeñan funciones de investigación y persecución de los delitos”, es uno de los resultados del informe sobre el tema de la fiscalía.

En este sentido, los ponentes convergieron en señalar la urgencia de que la designación del próximo fiscal debe de ser lo más trasparente posible, para darle a dicha institución el peso y representatividad ciudadana que necesita actualmente el país.

“No existe en las procuradurías una política de recopilación, administración, acceso y análisis de información que posibilite la rendición de cuentas. Menos aún, se ha instaurado un modelo de evaluación que permita medir el desempeño institucional y que haga posible el seguimiento de los resultados de la operación para la toma de decisiones”.

“El conjunto de estos factores hace poco factible, si no es que imposible, la gobernanza de las instituciones de procuración de justicia. Por ello, el modelo de procuración de justicia debe garantizar esquemas de control interno y contrapesos externos que posibiliten la transparencia y la rendición de cuentas institucional”, dijo Sergio López Ayllón, director del CIDE.

La ausencia de capacidades de investigación generó la necesidad de fortalecer institucionalmente la procuración de justicia, por lo que más de la mitad de las procuradurías locales ha buscado una transición hacia un modelo de fiscalía con el objetivo de contar con un órgano más profesional y autónomo.

“Sin embargo, en muchos de los casos estas transiciones fueron meramente nominales, pues no dotaron de autonomía a la institución, o lo hicieron sólo de manera relativa, y tampoco modificaron sus métodos de trabajo y prácticas institucionales”, detalló.

“En cierto sentido, y aunque existen diferencias importantes, los ministerios públicos deben tener un estatus equiparable al de los jueces de carrera”, destacó.

“El momento en el que presentamos este informe no podría ser más oportuno, y aunque parezca paradójico, no podría ser más difícil. Es oportuno, porque existe un amplio consenso de la inoperancia de las instituciones responsables de investigar y perseguir delitos en nuestro país, y

porque ya se han agotado decisiones, incluso de índole constitucional”, refirió el director del Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, Pedro Salazar Ugarte.

DATOS DEL INFORME

Sólo 4.46 por ciento de los delitos que se reportan en México terminan en una sentencia condenatoria, mientras que 65 por ciento de las carpetas de investigación no se resuelve en ningún sentido, y de las que sí se resuelven muchas son para mandarlas al archivo.

Mientras que 90 por ciento de los casos que se resuelven no son producto de una investigación basada en métodos científicos, sino producto de la denominada flagrancia, y la detención del indiciado en el lugar de los hechos.