Firman convenio INE y ASF contra uso indebido de recursos en elecciones

Frenar la corrupción en los procesos electorales, evitar el desvío de dinero público a campañas y partidos políticos para influir en la contienda política, son parte de las medidas acordaron el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en un convenio de colaboración.

Para el presidente de la Comisión de Fiscalización del INE, Ciro Murayama Rendón, “el escándalo no basta, deben existir consecuencias, si solo hay escándalo tras escándalo sin efecto inhibidor, nos condenará a que la corrupción se instale entre nosotros”.

En tanto, para el titular de la ASF, David Colmenares Páramo, el convenio trata de “la identificación de patrones, modus operandi, prácticas recurrentes e, inclusive, actores específicos, que forman parte de la comisión de irregularidades en el ámbito de la gestión de los recursos públicos y del entorno electoral, constituye el factor clave para enfrentar al problema de la corrupción sin fragmentaciones y omisiones”.

La práctica de triangulación de recursos como Asismex en la campaña de gobernador del Estado de México en el 2017, así como empresas en la fase de recolección de firmas para Jaime Rodríguez Calderón, son cada vez más recurrentes. Ambos funcionarios coincidieron, en ese sentido, en  que es preocupante dinamismo que se observa en las prácticas que evitan el cumplimiento de la norma, es un reto a las instituciones para mejorar sus capacidades y utilizar las técnicas y metodologías más avanzadas.

“La alianza del INE y la Auditoría Superior debe enfocarse a buscar la causa de la problemática que se observa, con el fin de establecer medidas preventivas que eviten la recurrencia tras las irregularidades que se observan. Atacar las consecuencias, olvidándose de las causas no es una estrategia rentable en el largo plazo”, destacó Murayama Rendón.

LEE:Cifras del PREP, hasta la mañana siguiente

Por su parte, Colmenares Páramo propuso que el INE sea un invitado recurrente a las discusiones que se generan dentro del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA). “Los procesos electorales, tal como están estructurados en México, han generado una fuerte corriente de opinión en contra de lo elevado de sus costos, lo prolongado de su duración y las amplias posibilidades que tienen de generar condiciones propicias a la corrupción, ya sea antes de la celebración de los comicios o una vez que las autoridades electas han tomado posesión de sus cargos”.

“Hemos documentado que hay pagos a estructuras partidistas a través de empresas, con frecuencia empresas fachada o fantasma, que a su vez recibieron recursos de entes públicos. Detrás de toda trama de financiamiento paralelo de la política, aparece el desvío de recursos de los contribuyentes”, destacó el consejero electoral.

Como parte del convenio, tales hallazgos, se entregarán a la ASF porque “no basta con sancionar al partido beneficiario, hay que restituir el daño y sancionar a los servidores públicos que desviaron los recursos para las campañas o para algún instituto político.

De manera corresponsable, “cuando en la revisión de las cuentas públicas la Auditoría Superior de la Federación detecte mal uso de recursos públicos y un eventual destino electoral, nos alertará y el INE procederá a investigar y, en su caso, a sancionar’’.

La meta es cerrar las posibilidades de actores públicos para actuar de manera ilegal en el marco de las elecciones.

 

 

PROCESO DE FISCALIZACIÓN

Las campañas terminan el miércoles 27, y tres días después, el sábado 30, vence el plazo para que rindan cuentas de todo lo que ingresaron y gastaron.

El 10 de julio la Comisión de Fiscalización hará saber a todos los candidatos, el oficio de revisiones diciendo cuáles son los problemas que encontramos en sus contabilidades; así es como se les da derecho de audiencia.

Los partidos y candidatos cuentan con cinco días para contestar y para tratar de solventar las observaciones con esa respuesta, el INE elabora el dictamen y del proyecto de resolución, y en el dictamen se observan todas las inconsistencias, omisiones que pudieron haber tenido los distintos candidatos.

A partir de ese momento, el Consejo General del INE tiene seis días para revisarlo; es cuando los partidos por primera vez lo conocen, ya que sale de la Comisión de Fiscalización, y en el Consejo General se votan los dictámenes con las observaciones y las resoluciones, donde se integran las sanciones correspondientes.

Se estima fiscalizar las operaciones de poco más de 17 mil candidatos.

 

dsl.