Garantizar atención a personas con discapacidad en contingencias o desastres, propone Eruviel Ávila
La iniciativa establece la obligación de que las personas con discapacidad reciban la información pública en materia de salud de manera oportuna, adecuada y sin discriminación.
Para garantizar la plena prestación de servicios de salud y asistencia social para las personas con discapacidad durante contingencias, emergencias y/o desastres, como la situación que se vive por la pandemia de Covid-19, el senador priista Eruviel Ávila Villegas presentó una iniciativa que responde a las recomendaciones de organismos internacionales sobre la igualdad en estos derechos.
La propuesta, presentada a nombre del Grupo Parlamentario del PRI, busca sentar las bases sobre las que se deberán prestar los servicios referidos, mediante reformas y adiciones a diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Salud y la Ley de Asistencia Social.
De este modo, se atenderán recomendaciones que la Organización de las Naciones Unidas, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Human Rights Watch, y la Comisión Nacional de Derechos Humanos han realizado a los gobiernos para garantizar que este sector pueda ejercer su derecho a la salud en condiciones de igualdad.
“El Covid-19 ha evidenciado que aún tenemos mucho por hacer para garantizar que las personas con discapacidad puedan acceder a los servicios de atención médica y de información de salud pública que requieren, especialmente en situaciones de emergencia”, señaló el legislador.
Por ello, entre otros aspectos, la iniciativa establece la obligación de que las personas con discapacidad reciban la información pública en materia de salud de manera oportuna, adecuada y sin discriminación.
También considera fundamental que se garantice la continuidad de los servicios de habilitación y rehabilitación, tomando siempre las medidas de protección necesarias para reducir la exposición a la situación emergente, tanto de las personas con discapacidad como de los trabajadores de la salud.
En este sentido, establece que quienes atienden a estas personas estén exentos de las restricciones de movilidad para que puedan realizar esta labor esencial.
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