Garantizar una cuota laboral de personas con discapacidad en el gobierno y sector privado, propone Eduardo Ramírez

Con la finalidad de que el sector público y privado contraten por lo menos a un 2% de personas con alguna discapacidad, el senador Eduardo Ramírez Aguilar, presentó una reforma a la Ley General para la Inclusión de Personas con Discapacidad.

La propuesta del legislador de Morena busca garantizar una cuota laboral para uno de los sectores más vulnerables, ya que en México existen siete millones 787 mil personas en esta condición.

En conferencia de prensa, Ramírez Aguilar comentó que hay empresas socialmente responsables que actualmente contemplan, dentro de su fuerza de trabajo, algunas plazas para personas con discapacidades; sin embargo, es necesario hacer obligatoria dicha inclusión. 

En compañía de diferentes grupos de activistas, el legislador se comprometió a realizar los consensos para lograr esta reforma de Ley y confió en que habrá sensibilidad y apertura de la iniciativa privada en el tema.

Ricardo Becerra, representante de la Red para la Inclusión de Personas con Discapacidad Visual, advirtió que para 2030 en México habrá cerca de 15 millones de personas con algún tipo de discapacidad, por lo que enfatizó la necesidad de contar con marcos legales que beneficien a dicho sector.  

El senador enfatizó que otros de los objetivos de la iniciativa es proveer un contexto favorable, integral e incluyente a las personas con discapacidad, ya que de acuerdo el INEGI, del total de discapacitados en el país, la mitad son adultos mayores; 45.9 por ciento son hombres y 54.1 por ciento son mujeres.  

Detalló que 52.7 por ciento tiene dificultad motriz en las piernas, lo que impide su desplazamiento de forma autónoma; 17.8 por ciento en sus extremidades superiores; 39 por ciento tiene problemas visuales, aunque utilice anteojos; 19 por ciento tiene padecimientos de concentración o aprendizaje; mientras que 18.4 por ciento tiene alguna discapacidad auditiva. 

Esta reforma debe ser un acto de reivindicación y de solidaridad, puntualizó el senador al señalar que, con esta incorporación a nuestro marco jurídico, se estaría atendiendo una asignatura pendiente que tenemos con las personas que sufren alguna discapacidad.

Agregó que su propuesta representa otro paso, mismo que debe acompañarse de otros ordenamientos jurídicos para que las personas con discapacidad sean atendidas de forma integral.