Miércoles 19 de Junio 2019
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Los gastos de candidatos en Facebook

No tiene las facultades legales para exigirle a Facebook una rendición de cuentas. Ilustración: Tomada de Reporte Índigo

No tiene las facultades legales para exigirle a Facebook una rendición de cuentas. Ilustración: Tomada de Reporte Índigo

20 de Julio 2017

Recibió dinero del priista Miguel Riquelme para promocionarse

AUTOR DEL TEXTO ORIGINAL EN REPORTE ÍNDIGO: CARLOS SALAZAR

Los gastos de promoción en Facebook que realizan los candidatos en las campañas están blindados por la misma empresa que está regulada por otras leyes que evitan que sea fiscalizada y que no rinde cuentas sobre sus clientes.

En la pasada elección, todos los partidos pagaron millones de pesos a Facebook para promocionarse, sin embargo no hay facturas ni comprobantes de ese gasto que realizan indiscriminadamente los partidos políticos.

La investigación que está llevando a cabo el Instituto Nacional Electoral (INE) sobre el presunto rebase del tope de gastos de campaña por parte de los candidatos del PRI y del PAN en Coahuila se ha encontrado con un gran vacío legal.

Aún cuando Facebook comunicó al INE que recibió dinero por parte del priista Miguel Riquelme para promocionarse en su red social, la falta de regulación y reglamentación, sumado a la situación fiscal de la empresa estadounidense dificultan que los documentos entregados, ya sean recibos o comprobantes, puedan sostenerse como pruebas.

No solo eso, además, el INE no tiene la capacidad técnica ni humana para emprender una fiscalización o vigilancia de tal magnitud, ni tiene facultades legales para exigirle a Facebook una rendición de cuentas sobre los recursos que recibe por parte de candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular en México.

La resolución del INE señalando que el candidato del PRI, Miguel Ángel Riquelme rebasó el tope de campaña, basándose en un gasto de publicidad a través de la red social Facebook podría sentar un precedente en los próximos procesos electorales.

Según el resolutivo, la campaña de Riquelme habría pagado 653 mil pesos por servicios contratados en Facebook, un gasto que no había sido reportado con anterioridad y que contribuye al rebase en el gasto autorizado por el INE.

Enrique Ochoa, líder nacional del PRI argumentó que la resolución está derivada de un error de contabilidad, ya que para la promoción en Facebook, se habría contratado a un proveedor que brindó ese servicio -cuyo pago asegura está acreditado- y quien se encargó a su vez de contratar las pautas en la red social.

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Sin embargo, la empresa estadounidense envió un documento al INE en donde reconocía que realizó la promoción de Riquelme y para ello habría recibido el pago por parte de la campaña del priista.

Durante la discusión en el pleno del INE hubo consejeros a favor y en contra de que se tomaran en cuenta los gastos en Facebook. Quienes estuvieron en contra sostenían que la empresa encargada de las redes sociales del priista, ya habría justificado este desembolso, aunque al final fueron minoría.

Al final, no será el INE quien tome la determinación de declarar o no la nulidad de las elecciones estatales en Coahuila, sino que será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien lo decida, basándose en las pruebas del INE.

Llegado a este punto, los gastos que los candidatos hayan erogado en promoción en las redes sociales podrían ser desechados por el tribunal debido al gran vacío legal que existe para regular estos espacios, sumado a que Facebook es una empresa que no está sujeta a fiscalización en México.

El tema de la regulación en las redes sociales no es nuevo, sin embargo, con este antecedente no se descarta que las autoridades electorales puedan intentar una cruzada para regular la promoción política a través de ellas, aunque por su particular situación fiscal y legal, sumado a la poca claridad para legislar y controlar el ciberespacio auguran que el INE se topará con un muro infranqueable.

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Tierra de nadie

La regulación del ciberespacio y sobre todo de las redes sociales es uno de los grandes vacíos legales a los que se enfrenta la reglamentación electoral en nuestro país.

En los últimos años, los políticos en México le han dado cada vez más peso a su estrategia en las plataformas digitales, de las que se han servido como un nuevo medio de propaganda en el que no encuentran las restricciones que tienen en la difusión de spots a través de los tiempos oficiales.

Debido al gran vacío legal respecto al uso de las redes sociales por parte de los actores políticos, luce complicado que sean las autoridades electorales quienes intenten regular las apariciones o promoción de candidatos o aspirantes por esta vía.

Los consejeros del Instituto Nacional Electoral se encuentran aún en la discusión de los nuevos lineamientos que regulan la aparición de líderes de partidos en promocionales de radio y televisión, los cuales ya han sido atacados por algunos representantes de los partidos que acusan censura.

En ese contexto, cualquier intento de regulación de las redes sociales de los actores políticos, ya sea dirigentes, legisladores o aspirantes podría desencadenar un amplio rechazo, debido a que anteriores intentos de control o legislación sobre las redes sociales ha sido calificado como una forma de atentar contra la libertad de expresión.

Una de las razones por las cuales podría estar retrasándose la discusión de los nuevos lineamientos en el pleno (el Comité de Radio y Televisión ya los aprobó) es precisamente por los temas polémicos que ahí podrían plantearse.

El consejero Marco Baños, presidente del Comité, en un artículo de principios de este mes, argumentó que los nuevos lineamientos para buscar el llamado ‘piso parejo’ no podrían limitarse a la restricción de los dirigentes en la aparición de spots, sino que habló de otras conductas que tendrían que ser reguladas, una de ellas la publicidad contratada en redes sociales.

Sin embargo, los consejeros deberán ser muy cuidadosos en el planteamiento de cualquier intento de restricción relacionada con el ciberespacio y las redes sociales, ya que no solo se corre el riesgo de recibir nuevas acusaciones de intento de censura por los partidos, sino que el rechazo podría ser mucho más amplio.

Por otro lado, la realidad que ha arrojado la reciente investigación sobre las elecciones en Coahuila, es que los políticos se están aprovechando de este vacío legal para destinar recursos millonarios a su promoción en las redes sociales, sin que puedan ser fiscalizados.

La resolución final del Trife será el parteaguas para la estrategia digital de los aspirantes a un cargo de elección popular rumbo al 2018.
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GG

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