Geovanna Bañuelos pide se endurezcan requisitos para portar armas de fuego en seguridad privada

La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre propuso reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, con el objetivo de que quienes se dediquen a esta actividad no representen una amenaza para la seguridad pública de las y los mexicanos.

La legisladora del Partido del Trabajo refirió que en nuestro país se registra un amplio debate sobre la necesidad de regular de mejor manera a las empresas de seguridad privada, cuya presencia creció desde hace al menos dos décadas.

Uno de los elementos para el crecimiento descontrolado de dichas empresas, es la falta de un marco general para su regulación en todo el territorio nacional, por lo que busca mayor certidumbre y legalidad para un gremio, que durante años ha carecido de una regulación apropiada.

Es por ello que impulsa una iniciativa que busca fortalecer los requisitos para expedir licencias de portación de armas de fuego a las personas que brindan servicios de seguridad privada.

Sugirió que todo el personal operativo que, para el desempeño de sus funciones, utilice armas deberá contar con constancia de no antecedentes penales y aprobar pruebas de aptitud psicológica, al menos una vez al año, realizadas por profesionales certificados de la Secretaría de Salud.

Geovanna Bañuelos de la Torre también propuso que las personas morales del sector, que quieran obtener licencias colectivas para la portación de armas, tienen que contar con la Opinión de cumplimiento de Obligaciones Fiscales emitida por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

De igual forma, para solicitar una licencia se deberá contar con la opinión favorable de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana sobre la justificación de la necesidad de la portación del armamento, y los límites en número y características de las armas, así como lugares de utilización, añadió.

La senadora petista planteó que los titulares de licencias colectivas informen la baja de armamento y la entreguen a la Secretaría de la Defensa Nacional para su destrucción y, en caso de robo o extravío, dar aviso en un plazo no mayor a 10 días.