Geovanna Bañuelos propone mayor control para expedir licencia de portación de armas de fuego
El documento también propone establecer que el personal operativo que utilice armas deberá aprobar pruebas de aptitud psicológica al menos una vez al año.
La senadora Geovanna Bañuelos de la Torre busca fortalecer los requisitos para la expedición de licencias colectivas para personas morales, que ofrecen servicios de seguridad privada en el país, al proponer diversas modificaciones a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.
Con ello, dijo la legisladora por el Partido del Trabajo, se podrá contribuir con el Estado para que tenga mejor control y aplique mecanismos de operación que permita identificar el origen y destino de las armas de fuego para las empresas de seguridad privada.
La también coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Senado, aseguró que “el objetivo es garantizar que aquellas personas que busquen adquirir una licencia para tener armas en nuestro país, especialmente aquellas personas morales que provean servicios de seguridad y para el desempeño de su trabajo utilicen armas, no representen una amenaza para la seguridad pública de los mexicanos”.
El documento también propone establecer que el personal operativo que utilice armas deberá aprobar pruebas de aptitud psicológica al menos una vez al año, realizadas por profesionales certificados por la Secretaría de Salud, así como la constancia de no antecedentes penales.
Así como la obligación de las empresas de seguridad para el resguardo de las armas de fuego que integren la licencia colectiva que otorgue la Secretaría de la Defensa Nacional y la inspección periódica por parte de esta dependencia.
Geovanna Bañuelos señaló que en México ha existido un amplio debate sobre la necesidad de regular de mejor manera a las empresas de seguridad privada, cuya presencia ha crecido desde hace al menos dos décadas.
Resaltó que uno de los elementos para el crecimiento descontrolado de empresas de seguridad privada ha sido la falta de legislación que establezca un marco general para su regulación en todo el territorio nacional y que quienes brinden seguridad a los ciudadanos no representen una amenaza para la seguridad pública de los mexicanos.
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