German Martínez plantea reformas para combatir la corrupción y fortalecer la democracia

El senador Germán Martínez Cázares considera que, en el camino de México para fortalecerse y consolidarse como una de las democracias más importantes del continente, es menester incluir mecanismos de participación directa en la toma de decisiones del país.

Ante ello, el senador por Morena presentará una serie de reformas legales con el objetivo de apoyar a la cruzada emprendida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para erradicar la corrupción y fortalecer la democracia.

Una de ellas plantea reformar los artículos 26, 35 fracción VIII, 36 fracción III, 41 fracción V apartado B y fracción VII, así como el 73 fracción XXIX-Q y 89 fracción XX, todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de referéndum y plebiscito.

De acuerdo con el legislador, ambas figuras resultan de gran importancia para el desarrollo de la vida pública y democrática, siendo potenciales generadores de consensos, legitimidad y gobernanza.

Asimismo, Martínez Cázares propondrá la creación de la Ley General de Responsabilidad Empresarial y Debida Diligencia Corporativa, la cual tendrá el fin de incluir a las empresas dentro de la consecución de una serie de objetivos en común para beneficiar a la población, al propio sector empresarial y al gobierno en su conjunto.

La Ley propuesta, detalla, busca determinar las reglas para normar la conducta responsable de las empresas con el objeto de evitar y mitigar los impactos negativos que podrían asociarse con sus actividades, cadenas de suministro y otras relaciones comerciales.

Germán Martínez, junto con el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentaron una proposición con punto de acuerdo por el que solicitan a la Cámara de Senadores conformar una Comisión Especial para investigar los actos de impunidad, corrupción y captura privada del Estado mexicano.

La principal finalidad de esta Comisión será coadyuvar con la Fiscalía General de la República y proporcionar a esta, y cualquier otra autoridad competente, la información que tenga a su alcance para castigar a los que resulten responsables por los casos de corrupción.